«Mañana tenemos clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y los chicos tienen que ir a la escuela como la semana pasada», afirmó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cerca de las once de la noche del domingo en un discurso cargado de eslóganes de campaña. Larreta prometió y cumplió: dijo que iba a hacer lo «imposible» para contradecir el decreto presidencial y lo logró merced a un favor de la Cámara de apelación en lo Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitó al Gobierno porteño la continuidad de la presencialidad de las clases. Una de las juezas que integra el tribunal es Nieves Machiavelli, hermana de Eduardo Machiavelli, secretario general del PRO y secretario del Gobierno porteño.
«Lo que hicieron es un estrago jurídico, están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la Ciudad fue directo a la Corte», dijo el Presidente. El fallo se dio horas después de que se conociera la tercera muerte por covid de un docente de la Ciudad. UTE Y Ademys, los dos sindicatos que representan a la mayor cantidad de docentes en la Ciudad, ya anunciaron que harán un paro de 24 horas.
«El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos» expresó el ministro de Justicia, Martín Soria.
Luego, agregó que «una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política. La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida».
En una conferencia de prensa que fue anunciada antes de que se conociera el fallo del Poder Judicial porteño, lo cuál es otra prueba de la estrecha relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, Rodríguez Larreta dijo que «la educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta», y aseguró que «mañana los chicos de la Ciudad van a estar sentados en el aula gracias al esfuerzo de una sociedad comprometida con la educación y con el presente y el futuro de ellos». En un discurso marcado por un tono de campaña electoral, Larreta afirmó que la presencialidad continuará gracias a las movilizaciones del sábado e indicó «gracias a cada uno de ustedes por defender sus convicciones».
El secretario general ajunto de UTE, Eduardo López, subrayó que «hay quienes pensamos en la salud de la población y quienes piensan en las elecciones. Los docentes dimos clases presenciales y subió la curva de contagios. Ahora es momento de seguir de forma virtual hasta que se desocupen las camas. Le diría a la Cámara que reflexione sobre el fallo». Luego agregó que «están politizando la pandemia y los cuidados. La educación y las escuelas no son un tema de judicialización. Todos queremos escuelas abiertas, pero estamos en una pandemia».
El Ministerio de Salud de la Nación, en tanto, realizó una presentación judicial para solicitar la remisión de la Cámara, que además de Machiavelli, está integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín y Laura Alejandra Perugini. En el texto presentado, la cartera que conduce Carla Vizzotti, justificó la suspensión de las clases presenciales por quince días mediante un análisis exahustivo que tuvo en cuenta distintas variables e informes internacionales.
El derrotero judicial
El expediente fue iniciado por un amparo presentado por dos organizaciones civiles: Abramos las escuelas y el Centro de Estudios en Políticas Públicas. La fiscal a cargo, Nidia Karina Cicero, se pronunció a favor de las clases presenciales, postura que había anticipado en sus redes sociales: “No corten las clases. Basta de chicos deprimidos y sin escuela”, publicó el miércoles pasado. Por este motivo, la Cámara recibió un pedido de nulidad del dictamen, presentado por Adrián Albor.
El caso avanzó a pesar de las denuncias de que se empleó el mecanismo del forum shopping para ser resuelto por un tribunal cercano al macrismo debido al vínculo entre los hermanos Machiavelli. Por otra parte, la fiscal que respaldó la solicitud de la medida cautelar lo hizo admitiendo que esa cámara es incompetente en el tema.
El dictamen de Cicero fue cuestionado por varios motivos, además de sus manifestaciones en las redes sociales que ponen en duda su imparcialidad. El primero es que la fiscal reconoció, en su propio escrito, que la justicia de la ciudad no tiene competencia para resolver en el tema. “Los tribunales locales resultan incompetentes para intervenir en el juzgamiento de la cuestión aquí concernida”, escribió. Sin embargo, argumentó luego que el tema de las clases presenciales era de “extrema relevancia” y carácter “urgente”, lo que autorizaría al tribunal a “dictar una medida cautelar aún sabiéndose incompetente”.
Cicero le pidió a los camaristas que dieran una respuesta mediante una especie de per saltum, es decir directamente, sin devolver el expediente al juez de primera instancia que al recibir el caso lo rechazó por cuestiones de procedimiento, es decir que aún no había tratado el reclamo en sí.
Fuente: Página/12
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