Martín Soria: Casación es un tribunal que ha quedado muy contaminado

Martín Soria cumple este lunes dos semanas al frente del Ministerio
de Justicia. Es un tiempo convulsionado por las revelaciones de
visitas de jueces a Mauricio Macri tanto en la Casa Rosada como en
la quinta de Olivos, que repercute en una tensión inédita en el más
alto tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación.
Denunciante de algunos de esos hechos durante su mandato como
diputado, Soria sostiene que que las reuniones de Macri con los
jueces son una “obscena prueba de la violación del Estado de
Derecho” y que la Corte Suprema tendrá, tarde o temprano, que
revisar el accionar de los magistrados durante el gobierno de
Mauricio Macri.
Página/12 (Luciana Bertoia) dialogó también con el funcionario
sobre el desafío de designar un jefe de los fiscales, sobre la
necesidad de una reforma con perspectiva de género y sobre las
acusaciones que el macrismo formuló en una reciente presentación
ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
— ¿Cómo ve la situación en la Cámara de Casación?
— Me parece que tiene que ver con lo que venimos viendo: una
fuerte politización de la justicia. En las últimas semanas han salido a
la luz los ingresos a escondidas a Casa Rosada y las visitas a
Olivos, los mensajes que intentó borrar el secretario privado del
expresidente Macri, que era un recordatorio de que tenían que

hablar con (Mariano) Borinsky sobre una denuncia. A esto se le
suma el hecho de que, cuando les pidieron informes sobre quiénes
ingresaban a Olivos y a la Rosada, ese mismo secretario, Darío
Nieto, alteró los registros. Es evidente que estaba mal, que no era
lícito lo que estaban haciendo con la mesa judicial que crearon para
presionar a la justicia y para armar causas, para perseguir a
opositores, a empresarios, a todo aquel que se opusiera a su
modelo económico.
— Ahora empezaron los planteos en las causas en las que
intervinieron estos jueces, pero ellos mismos rechazan estos
planteos sin más — como pasó en la causa de espionaje. ¿Esto
es un foco de atención para el gobierno?
— No me gusta personalizarlo, pero hay cosas que son increíbles.
Recusan a un juez por el escándalo público de haber ido a Olivos,
supuestamente a jugar al paddle mientras intervenía en causas que
eran del interés del entonces presidente, y había mensajes del
secretario de Macri que decía que tenían que hablar de causas, o
sea no era solamente una relación deportiva. El umbral de la
vergüenza de algunos de estos personajes está por el suelo. Hay
que ver qué dice el Código Procesal sobre qué es lo que debe
hacer un juez: yo me considero imparcial, pero no es algo que deba
resolver yo, le remito el expediente a un colega para que resuelva.
Lo que hizo este magistrado de Casación fue, una vez más, tirar el
Código a la basura al resolver él mismo rechazar su recusación.
Borinsky resolvió que Borinsky es imparcial. Es insólito. La propia
jueza Ángela Ledesma, compañera de Sala y la misma a la que otro
colega violentó en un chat — me refiero a (Juan Carlos) Gemignani –
-, tuvo que salir a decir que lo que hacía Borinsky era lisa y
llanamente ilegal, pero obviamente quedó en minoría. La Casación

es un tribunal que lamentablemente, por culpa de unos pocos, ha
quedado muy contaminado. Ha quedado con algunos integrantes
que demuestran la intoxicación de los tribunales con la política.
— ¿Y qué se hace frente al diagnóstico que hace sobre la
Casación?
— Corresponde al Consejo de la Magistratura determinar si actuaron
con imparcialidad e independencia, si debieron haberse inhibido en
causas en las que el principal interesado era Macri y su gobierno.
— En el Consejo dicen que los votos no están — especialmente
lo dicen desde parte del estamento de los jueces. ¿Ustedes
perciben una obstrucción?
— El propio presidente de los Estados Unidos quiere crear una
comisión para aggiornar la Corte Suprema, incluso habla de acortar
los plazos para la designación de los jueces. Yo no creo que el
presidente de los Estados Unidos sea peronista, tampoco me
imagino a (Germán) Garavano y a Macri denunciándolo ante la
ONU. Creo que el funcionamiento de la Justicia es un debate
contemporáneo. Esto lo dijo el propio (Carlos) Rosenkrantz al abrir
el año judicial en 2019, cuando hablaba de que el Poder Judicial
tenía una crisis de legitimidad. Es un poder que ha quedado con las
estructuras del siglo XIX, asociado a privilegios corporativos.
Algunos quieren aferrarse a sus privilegios corporativos y creen que
nada va a avanzar o que cuentan con la complicidad de aquellos
que los utilizaron para sus fines políticos o económicos.
— ¿Entonces se va a impulsar la creación de una bicameral
para analizar el funcionamiento del Poder Judicial?

— En la historia del Poder Legislativo, no es la primera vez que se
crean este tipo de comisiones para analizar distintas situaciones. Se
creó la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal. La
oposición se opone a todo: desde el diálogo hasta la posibilidad de
crear una bicameral para analizar el funcionamiento o cómo se
afectó la independencia del Poder Judicial.
— ¿Con este panorama, se puede avanzar con el tratamiento en
Diputados de la reforma del Ministerio Público?
— Dicen que se van a oponer a cualquier reforma al Ministerio
Público, pero ni siquiera han leído los proyectos que ellos mismos
presentaron. Ahora Garavano va a la OEA, pero están los registros
de cuando él mismo hablaba de reformar las mayorías para elegir al
procurador. Más allá de esta oposición por la oposición misma, los
principales interesados por mejorar el funcionamiento de la Justicia,
de terminar con la Justicia que actúa según los vientos políticos de
turno y que tiene un desprestigio que supera el 85 por ciento de
imagen negativa, son los ciudadanos de pie y los fiscales que no
entraban a escondidas a Olivos.
— ¿Cómo caracteriza la gestión de Eduardo Casal?
— La Procuración tiene desde hace más de tres años el interinato
más largo de su historia. Muchas veces está la sensación de que la
Justicia no actúa en el tiempo necesario. Una de las razones de esa
percepción tiene que ver con ese 30 por ciento de fiscalías vacantes
que hoy tenemos porque no se llama a concurso. No se llama a
concurso porque hay un procurador interino, a quien le conviene
mantener esas vacancias para poder poner y sacar fiscales de una
causa a otra según la relevancia política que le da quien hasta hace

poco era su jefe. El costo de esa anomalía la termina pagando la
gente en las causas cotidianas.
— ¿Tiene confianza en que van a lograr designar a un nuevo
procurador con este funcionamiento que percibe de la
oposición?
— No tengo dudas. El Presidente me encomendó generar
consensos.
— ¿Y la reforma con perspectiva de género?
— Está el techo de cristal — del que hablábamos hace unos días con
la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Los números son
incontrastables: el sistema de justicia argentino está conformado
por un 56 por ciento de mujeres, pero sólo poquito más del 30 por
ciento llegan a ocupar cargos importantes dentro de la estructura
del Poder Judicial. Hay que fijarse quiénes son las que arrancan el
debate sobre la contaminación, la pérdida de independencia e
imparcialidad en Casación: dos mujeres que están dando la lucha y
el debate, no solamente con Gemignani y sus chats violentos.
— ¿Con la Corte por dónde se arranca?
— Hay que buscar canales de diálogo. Son ellos quienes tienen que
resolver sobre la falta de legitimidad que hace dos años atrás
denunciaba Rosenkrantz. Son ellos mismos los que se tienen que
ocupar como cabeza del Poder Judicial de sanear esa situación, de
corregir esa pérdida de independencia y de imparcialidad que ha
llevado a jueces y fiscales a entrar a escondidas al despacho del
presidente Macri y al día siguiente a sacar fallos. Tarde o temprano,
muchas de estas causas armadas por la mesa judicial van a llegar a
conocimiento de la Corte Suprema.

— El Presidente mencionó el ejemplo del Lava jato. ¿Usted ve
un panorama en el que la Corte argentina pueda revisar como
sucede en Brasil?
— No hay que masificar: no todos los jueces y no todos los fiscales
hicieron lo que hizo un puñado de magistrados que se contaminó
con la política de una manera como nunca antes se vio. En Brasil
hay algunos sectores del Poder Judicial que, al verificar que había
jueces y fiscales que violaban todas las leyes de procedimiento y
montaron un Estado paralelo para perseguir a Lula, empezaron a
revisar esa pésima actuación de un poder del Estado. El problema
es que en nuestro país no estamos hablando de un solo juez. Acá,
en la Argentina, las pruebas que salen a la luz todas las semanas
muestran que tenemos muchos (Sergio) Moro.
— Se habló de proyectos para regular el artículo 280 o la
creación de un tribunal intermedio, ¿la prioridad son los
proyectos con media sanción en Diputados o van a avanzar
también con esas iniciativas?
— El Presidente anunció que vamos a seguir enviando proyectos en
este mismo sentido, ya sea con el tribunal de garantías, que tiene
que ver con el funcionamiento de la Corte. También anunció
reformas a lo que hace a la integración o el funcionamiento del
Consejo de la Magistratura. Es un abanico de reformas que tiene
que ver con la premisa con la que comprometió el Presidente y
nuestro gobierno en campaña: Nunca Más a una justicia
contaminada que persiga opositores, Nunca Más a los sótanos de la
democracia.
— ¿Y la reforma de la ley de inteligencia se incluye en este
paquete?

— Lo más importante fue la decisión de la intervención de la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI) y la imposibilidad del Poder Judicial de
hacer tareas de investigación a través de la AFI, como sucedió
durante el macrismo. Esa es una línea de conducta que marca un
antes y un después.
— ¿Daniel Rafecas sigue en carrera para la Procuración?
— Todos me preguntan eso y es el único que tiene presentado el
pliego.
— Trascendió que no aceptaría si se modificaban las mayorías…
— No me corresponde a mí contestarlo.
Mesa Judicial
— El informe judicial que referentes de Cambiemos presentaron
ante la OEA dice que la "mesa judicial" sólo se reunía para
tratar designaciones de jueces. ¿Era esa la función que usted
denunció?
— No pueden tapar la realidad. No es un delito en sí mismo que el
Presidente se junte con un juez o un fiscal. El problema es cuando
te juntás a escondidas y, al otro día, sale un fallo en el cual tenías
intereses. El problema es cuando tu subsecretario general de la
presidencia borra los nombres de esos jueces y fiscales. Este
puñado de jueces y fiscales entrando a escondidas a la Casa
Rosada o a Olivos muestra la afectación de la independencia del
Poder Judicial. Son la obscena prueba de la violación del Estado de
Derecho. Gran parte de los problemas que hoy enfrenta la
Argentina tiene que ver con esa relación directa. Mientras Macri se
autocondonaba la deuda de su propia empresa familiar con el

Estado argentino, los jueces y los fiscales armaban causas para las
tapas de los diarios para desviar la atención de todos los argentinos
de lo que realmente venían a hacer, que era hacer negocios.
— ¿Qué responde a las acusaciones de que se avanza en una
política de revancha contra el expresidente, también
denunciadas ante la OEA?
— ¿Qué se puede esperar de alguien que desde siempre, con su
familia, manipuló y utilizó a la justicia a su favor? Lo que hizo Macri
en el gobierno no fue muy diferente a lo que hizo Macri empresario
con la Corte de los '90. El Presidente lo dijo muy claro: no vamos a
disponer de las mismas herramientas que usó el macrismo, no
venimos a hacer ninguna persecución. Es absurdo que nos quieran
acusar de lo que ellos hicieron.
Fuente: Página/12,

Prensa Rosario

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