Con el aumento del 50 por ciento para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar se garantiza la canasta básica de alimentos para que 2.3 millones de niños y niñas de hasta 6 años o 467.550 hogares de cuatro personas no se conviertan en indigentes. Así lo indica un análisis realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
Uno de los puntos más criticados por propios y ajenos al presentarse el Presupuesto 2021 fue el ajuste en el gasto social planteado por el Ejecutivo: un informe que difundió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) calculó un recorte del 14 por ciento en términos reales, con un ajuste del 36 por ciento para la Tarjeta Alimentar. Pero con los aumentos anunciados, implica una transferencia mensual de 10.604 millones de pesos. La cifra implicaría 127.248 millones anuales, bastante por encima de la erogación de 93.000 millones de pesos que planteó originalmente el Presupuesto 2021 para destinar a esta herramienta que implementó el Ministerio de Desarrollo Social.
El aumento del monto disponible para que los sectores vulnerables puedan acceder a alimentos y bebidas que satisfagan sus requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos se da en un contexto en que la preocupación por la suba del precio de los alimentos marca la agenda. Desde abril de 2018 es una fuente de particular preocupación por mostrar un incremento superior al promedio general de precios de la economía. Y su impacto es más preocupante dado que se da en simultáneo con la destrucción de empleo producto de la crisis iniciada hace casi tres años y con una pandemia que precipitó la gravedad de la situación. En los últimos doce meses, el aumento de los alimentos fue de 42,1 por ciento, siete puntos encima de la inflación general de 36,1 por ciento.
La consecuencia de esta situación se manifiesta en los crecientes índices de pobreza e indigencia: de acuerdo a los últimos datos oficiales la población bajo la línea de pobreza aumentó de 40,8 a 44,2 por ciento y los indigentes pasaron de 8,9 a 10,1 por ciento entre julio y octubre de 2019 y 2020. Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimaron que sin las transferencias económicas del gobierno a los hogares, los números ascenderían a 53,1 y 27,9 por ciento, respectivamente.
La Tarjeta Alimentar está destinada a personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas o hijos de hasta seis años (o sin límite de edad si es persona discapacitada) y embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación Universal por Embarazo. Previo al aumento, el beneficio era de 4.000 pesos para quienes tuvieran un hijo o hija y de 6.000 pesos para quienes tuvieran más de una persona a cargo.
En función del universo que recibe el beneficio, el CESO calculó que el 74,53 por ciento de las tarjetas otorgadas serán por montos mensuales de 6.000 pesos y el 25,47 ciento por montos de 9.000 pesos. «Los últimos datos de indigencia relevados por el Indec muestran una incidencia de 15,6 por ciento en personas de 0 a 14 años, es decir, 1.585.645 jóvenes por lo que el impacto del programa es significativo», explicó el informe.
Además de bajar los índices de pobreza indigencia, la Tarjeta Alimentar forma parte de los nuevos programas que contemplan particularmente la desigualdad de género ya que el 94,2 por ciento de las beneficiarias son mujeres.
El gasto se concentra en las provincias del NEA y NOA dado que reciben el 16,87 por ciento y 11,88 por ciento de los fondos del programa mientras que en términos de población representan el 13,68 por ciento y 10,15 por ciento respectivamente. Por el contrario, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y CABA representan el 63,68 por ciento de la población y contienen el 58,9 por ciento de las transferencias.
Fuente: Página/12
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