«Pasado lo peor de la urgencia, retomar la discusión por la ley del aborto es una manera de volver a nuestra agenda original, la del Alberto Fernández de la campaña», explicaban en Gobierno la decisión de enviar ahora al Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con la posibilidad de una vacuna contra la Covid cada vez más consistente, el dólar en baja y las conversaciones con el FMI encaminadas, se abría un camino para volver a la carga con el IVE, pero también con otras iniciativas en stand by como el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria o la reforma judicial. A diferencia del esquema habitual, que privilegia el ingreso de proyectos por el Senado donde el Frente de Todos tiene mayoría, esta vez se utilizará Diputados, con la confianza que habilita aquella histórica media sanción que tuvo la legalización del aborto en junio de 2018. La pelota pronto quedará del lado del Congreso.
El proyecto lo tenía listo la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, en marzo pasado. Lo vieron el ministro de Salud, Ginés González García, la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y, finalmente, el presidente Alberto Fernández. Tenía el visto bueno de todos, con eje en que se trata principalmente de una cuestión de «salud pública», de prevenir muertes de mujeres por abortos clandestinos. Pero justo en marzo arrancó la cuarentena y una situación de crisis sanitaria que nadie podía imaginar. Cualquier debate por afuera de la pandemia quedaba fuera de foco.
En las últimas semanas, desde las organizaciones sociales y de sectores feministas comenzaron un trabajo de presión para volver a poner el tema en agenda, incluyendo la reciente caravana de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Tanto Ibarra como Gómez Alcorta mantienen un vínculo muy cercano a estos sectores y buscaron también acelerar el envío. Comentaban que la vicepresidenta Cristina Kirchner estaba entre las no muy convencidas de retomar la discusión en este momento, cuando todavía la pandemia se mantiene como una preocupación con numerosos contagios y fallecidos diarios. Pero días atrás recibió a un grupo de funcionarias que la persuadieron con la idea de que con el IVE aprobado se liberarían las miles de camas que ocupan las mujeres que deben ser atendidas por abortos mal hechos, por lo que habrá más capacidad para administrar a los demás enfermos, incluyendo a los de coronavirus. A la vicepresidenta le pareció un buen argumento.
«Teníamos todos los esfuerzos puestos en otro lado, ahora acabamos de pasar la fase ASPO a la DISPO. Hablamos de la vacuna rusa y algunos se burlaban, apareció el anuncio de Pfizer y de repente todo se volvió muy real. Podemos pensar en la vuelta de la totalidad de las actividades económicas, de los chicos reencontrándose con sus compañeros en las escuelas. Hay que volver a armar una agenda propia», explicaban en un despacho de la Casa Rosada el panorama abierto en los últimos días. En realidad no es nuevo, es el de meses atrás. De cuando Alberto Fernández y su gabinete se acomodaban en sus despachos, dispuestos a llevar a la práctica lo prometido durante la campaña.
El proyecto de IVE, consideraban, es abarcativo de las demandas acercadas de parte de los distintos sectores «verdes», por lo que tendrá un apoyo amplio. Además, irá acompañado con el Plan de los 1000 Días, de sostén a la maternidad y los primeros años de vida de niños y niñas (ver aparte). Diputados, con su habitual corte transversal partidario, aparece como la Cámara más amigable para iniciar la discusión que se enviará para las sesiones extraordinarias. Dado el extenso debate de 2018, la idea es acortar los tiempos de debate a algo razonable. Tal vez con una media sanción hacia fin de año o a principios de enero. En el Senado, reconocían, la situación no era muy clara. Probablemente, la presión que pueda ejercer Cristina Kirchner podría volcar la balanza. Había quienes recordaban aquella votación por el matrimonio igualitario, cuando invitó a dos senadoras reacias a viajar con ella a China.
«Recuperamos un poco de aire y volvimos a activar nuestros temas», remarcaban cerca de Alberto Fernández. El viaje a Bolivia para la asunción de Lucho Arce y el acompañamiento a Evo Morales hasta la frontera indudablemente habían actuado como bálsamo después de tantos meses de malas noticias. La posibilidad cierta de la vacuna y la persistente baja del dólar redondearon el nuevo cuadro que posibilita la vuelta de página. Por ejemplo, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que -aseguraban- gracias al despegue de actividad que se producirá el año que viene, permitirá que los jubilados recuperen poder adquisitivo en sus haberes como sucedió durante el gobierno de Cristina Kirchner. Otro tema será la propuesta no vinculante que presentará el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial, que posiblemente se conozca la semana que viene.
Incluso, sumaban el nuevo pago del IFE «reperfilado» que todavía se definía. Explicaban que si bien lo cobrarán algunos millones menos de personas, se debía tener en cuenta el millón que sumó a la AUH y todos los que se agregaron a planes específicos como el Potenciar Trabajo. «No hay una lógica fiscalista en la decisión, sino que tiene que ver con dirigir los recursos a los objetivos que nos propusimos. Por ejemplo, privilegiar actividades productivas. A nosotros, de un día para el otro, la pandemia nos cambió las prioridades. Ahora queremos volver a centrarnos en lo que vinimos a hacer», definían en la Casa Rosada.
Fuente: Página/12
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