En una semana marcada por los desalojos, el presidente Alberto Fernández sostuvo que «hay una necesidad social de gente que necesita un techo y hay que atender» y rescató la propuesta del dirigente Juan Grabois de «buscar tierras fuera de los centros urbanos para que la gente los explote» aunque subrayó que «el método no es la toma de campos». El Gobierno salió a mostrar iniciativa en el tema y el impulso a proyectos para solucionar esta problemática potenciada por la pandemia, un dato que los sucesos de Guernica pusieron de relieve. Ayer se presentó la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, integrada por instituciones de la sociedad civil, unidades académicas, gremios, cámaras empresariales y colegios profesionales, con el objetivo de lograr «una construcción colectiva de la política de suelo en el país». Por otro lado, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hizo en Chaco la primera presentación del plan para urbanizar barrios populares, un área clave que hace dos semanas pasó a su cartera y tomó nuevo impulso. «Vamos a trabajar en base a tres ejes: urbanizar los barrios, mejoramiento habitacional en las casas y preparar lotes con servicios», explicó el ministro. Ya trabajan, contra reloj, en 50 barrios.
En una entrevista radial, el Presidente se refirió a los hechos -muy diferentes- del jueves en Guernica y en Entre Ríos. «La propiedad privada nunca estuvo en discusión en la Argentina», resaltó, algo obvio. Tampoco que la solución pueda pasar por la toma de campos aunque advirtió que «no es descabellada» la propuesta que en su momento presentó Grabois para poblar zonas rurales del país con acceso al suelo y la vivienda. El dirigente lo definió entonces como un «plan Marshall criollo».
«Es una idea para recuperar la vitalidad del campo porque la realidad hizo que durante la historia argentina, y ahora más con la producción de soja, provocara más desempleo en los campos y se hacinara la gente en los centros urbanos donde no tienen lugar donde vivir”, explicó el Presidente. Y avanzó sobre los proyectos que estudian la cesión de tierras del Estado a productores de la agricultura familiar para que elaboren alimentos. “Para nosotros no sobra nadie y hay que darle una solución a esa gente y dar el debate sobre la vivienda y el arraigo en zonas del campo con una producción ecológica de frutas y verduras”, agregó.
En Gobierno coincidían que la mención expresa al plan de Grabois era, en buena medida, una jugada de contención del dirigente luego del fallo adverso que sufrió el jueves y que enviara un mensaje al Presidente y al gobernador Axel Kicillof sobre la necesidad de no ceder ante los poderes fácticos. Grabois acató la resolución judicial y, fuera de esa declaración, se llamó a silencio. Pero quienes se ocupan de las políticas específicas para esa problemática en el Gobierno sostenían que el «Marshall criollo» no es la línea en la que vienen trabajando, aunque hay algunos puntos de contacto.
La Mesa de Políticas del Suelo que debutó ayer e integran de 146 organizaciones de distintos sectores apunta a lograr «una construcción colectiva de la política de suelo en el país». «Entendemos que la complejidad del tema requiere un esfuerzo y una coordinación entre distintos actores», dijo el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatolini.
Por otro lado, un mes atrás se anunció el traslado de la secretaría de Integración Socio Urbana, que encabeza Fernanda Miño, desde el Ministerio de Hábitat y Vivienda a Desarrollo Social, que se concretó de manera efectiva hace dos semanas. Arroyo se propuso darle el empuje que el área no había tenido hasta ahora y ayer viajó a Chaco para presentar el primer convenio de urbanización que arrancará por el Barrio Toba, en las afueras de Resistencia, conocido meses atrás porque se convirtió en uno de los principales lugares de contagio de coronavirus del país. «Una vez que la provincia defina las prioridades en barrios vulnerables, vamos a trabajar en conjunto para su urbanización: Se van a abrir calles, espacios públicos, se van a hacer pisos de material en las viviendas y mejoras de las condiciones sanitarias y se va a trabajar en lotes con servicios básicos. Esto se traduce en derechos y empleo”, explicó Arroyo.
El plan proyecta la urbanización de 4.400 barrios donde se hacinan cuatro millones de personas, a razón de 400 por año y una inversión de 8 mil millones de pesos. Ya se comenzó a trabajar en 50 de estos barrios. La otra punta tiene que ver con la desconcentración territorial y el fortalecimiento de las localidades de menos de 50 mil habitantes, principalmente en base a proyectos de agricultura familiar. Y una tercera pata son las tierras que posee el Estado -principalmente heredadas del ferrocarril- con las que se conformará una especie de «banco de tierras» en las que se trabajará en el tema habitacional y el productivo. El Presidente se mostró resuelto a encarar este tipo de propuestas. «Tenemos que ver cómo pensar soluciones de ese tipo que sirven y mucho”, insistió.
Fuente: Página/12
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