La proliferación de tomas de tierras en diferentes puntos del país, especialmente en las provincias de Buenos Aires y Río Negro, expuso entre otros el profundo problema del acceso a la vivienda. Ayer, en un giro discursivo que pasó a hacer más hincapié en la ilegalidad de la ocupación de los predios, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, así como la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, expresaron su preocupación por la usurpación de tierras destacando, al mismo tiempo, la crisis habitacional que las motiva.
En una conferencia de prensa junto a autoridades de YPF y de la AFIP, Frederic aseguró que las tomas de tierras representan “actos ilegales prohibidos por la ley” y destacó que el gobierno nacional está «preocupado» por «estos hechos de usurpación de tierras» que se estuvieron multiplicando en las últimas semanas. Volvió a mencionar que las personas que participaban de esa ocupaciones «sufren de necesidades habitacionales», aunque aclaró que «esa no es la forma de resolver el problema». «Estamos a disposición de la Justicia que es la que tiene la decisión de qué hacer en cada uno de los casos», indicó Frederic y añadió que en la Provincia de Buenos Aires existe una ley que ordena que se convoque a una mesa de negociación.
Unas horas más tarde Axel Kicillof encabezó una reunión con intendentes en cuyos distritos se registran tomas de tierras y afirmó, en un tono muy similar a Frederic, que «las usurpaciones no sólo son ilegales sino que además producen situaciones injustas». «Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional, pero no se soluciona con intrusiones ilegales», insistió tras el encuentro con los jefes comunales de Avellaneda, Florencio Varela, Berazategui, San Vicente, Berisso, La Matanza, San Fernando, Quilmes, Malvinas Argentinas y Presidente Perón. En este último municipio, conducido por la massista Blanca Cantero, se está dio recientemente la toma de un predio de Guernica en el que ya se instalaron más de 2500 familias.
El gobernador bonaerense, además, manifestó su respaldo al ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, quien viene realizando polémicas declaraciones respecto a las tomas, llegando a acusar a dos líderes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y el «Chino» Navarro, de fomentar la ocupación ilegal de tierras. «El Ministerio de Seguridad, al mando de Sergio Berni, viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas», subrayó Kicillof.
Los comentarios de Berni generaron gran rechazo entre los movimientos sociales. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) publicó un duro comunicado titulado «La falta de vivienda no se resuelve con balas», en el que denunciaron que «las acusaciones insólitas» de Berni contra referentes del Movimiento Evita eran «intolerables». «Repudiamos todas las declaraciones que pretenden convertir un gravísimo problema social como es el déficit habitacional producto de la desidia que padecen millones de compatriotas, en un problema policial que se resuelve con represión», sostuvieron.
Por último, quien también se refirió al tema fue Daniel Arroyo, quien sostuvo que no se podía promover la toma de tierras por considerarla «un hecho delictivo», aunque remarcó que es «evidente que hay una crisis habitacional y problemas de todo tipo». Para el ministro de Desarrollo Social de la Nación, «la salida» a esa problemática «es la urbanización» y recordó que existen «4400 barrios donde viven 4 millones de argentinos que están hacinados y no tienen agua ni servicios básicos».
Fuente: Página/12
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