Más estafas de Vicentin en el comercio de granos

La Afip denunció la detección de una maniobra fraudulenta para la obtención de reintegros a la exportación por 111 millones de pesos por la empresa Vicentin, a través de facturas apócrifas de supuestos proveedores. El régimen penal tributario estipula penas de prisión de 3 años y medio a 9 años por el tipo de maniobras denunciadas. La denuncia involucra a los actuales titulares de la firma Vicentin SAIC, Daniel Buyatti y Alberto Macua, y a todo su directorio, que incluye a varios integrantes de las familias Vicentin, Padoan e incluso a Sergio Nardelli (recientemente fallecido). La revelación del caso también deja a la vista la falta de controles y fiscalización por parte de la Afip durante el período macrista.

Es una de las mayores exportadoras de granos del país pero se encuentra en una situación complicada, no sólo por un concurso de acreedores sobre el cual se sospecha que pudo estar precedido de un proceso de vaciamiento, sino porque además carga con una denuncia penal por estafa millonaria en dólares al Banco Nación.

Las operaciones fraudulentas fueron detectadas a través de una fiscalización iniciada en mayo de este año, pero corresponde a operaciones realizadas entre 2016 y 2019. Lo que pudo constatar la Afip es que Vicentin utilizaba facturas de supuestos proveedores que le cobraban el IVA, para presentarse ante el organismo recaudador y pedir su reintegro.

Al ser su principal actividad la exportación de granos y derivados, y al estar estas operaciones de ventas al exterior exentas de IVA, correspondía la devolución del impuesto que había pagado en sus compras por actividades ligadas al objetivo exento: la exportación. Pero, en realidad, no había un impuesto a devolver porque nunca se había pagado, ya que se trataba de facturas apócrifas por ventas que no se habían hecho: se concluye que entre Vicentin y el supuesto proveedor se consensuó la emisión  de una falsa factura al sólo efecto de que la primera pudiera reclamar a la Afip y cobrar el reintegro.

Quienes figuran como emisores de las facturas apócrifas son 54 firmas que, en su mayoría, tienen vinculación con el sector agropecuario. Ocho de ellas dieron origen a las facturas que justifican el 60% del monto total de reintegros solicitados durante el período investigado. De los 111,7 millones de pesos que en total Vicentin recibió como reintegros solicitados de manera apócrifa, 69 millones de pesos corresponden al año 2016, 32 millones son de 2017, 9,5 millones de 2018 y 1,2 millones de 2019.

La fiscalización realizada por el organismo a cargo de Mercedes Marcó del Pont sobre los proveedores de las facturas dejó en evidencias diferentes irregularidades. En muchos casos, no se pudo comprobar la relación comercial con Vicentin. En otros, el volumen de la capacidad de acopio de la empresa agropecuaria no se correspondía con los servicios o ventas de productos facturados. También hubo casos en los que las empresas proveedoras no pudieron justificar el origen de los granos o directamente no poseían plantas acopiadoras. Algunas ni siquiera tenían una actividad específica conocida, incluso sin declarar personal a cargo.

La Afip concluyó que la operatoria utilizada por Vicentin «consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 supuestos proveedores, empresas y personas humanas (…). Las tareas de control permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real».

Vicentin SAIC se encuentra en convocatoria de acreedores en una compleja situación societaria e incluso política. La comprobación de los delitos penales a través de facturas apócrifas agrava el nivel de sospecha que pesa sobre el comercio de granos, principalmente con destino a la exportación, que ya se abrió a través de las diversas denuncias de que ha sido blanco la empresa.

Fuente: Página/12

Prensa Rosario

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