La federación de trabajadores de la industria aceitera reafirmó que, frente a la derogación del decreto de intervención y la marcha atrás del gobierno nacional en la propuesta de expropiación de Vicentin, «ninguna solución es admisible si no se garantizan los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores». Rechazaron el argumento oficial para la anulación del Decreto 522, con respecto a que «la intervención fuera recibida con desconfianza por los trabajadores» e indicaron que, «muy por el contrario, el anuncio fue profundamente celebrado por organizaciónes sindicales, sociales y populares en general» y donde sí encontró resistencia es «en sectores de poder económico concentrado y los partidos políticos que le responden». Este fin de semana, en esa misma línea, los trabajadores de Algodonera Avellaneda, empresa emblemática del grupo Vicentin, se movilizaron hasta el domicilio del directivo y accionista de la empresa Alberto Padoan, en la ciudad de Reconquista, para exigir el pago de salarios y garantía de los puestos de trabajo para los más de 400 empleados de la planta, que se encuentra paralizada desde hace un mes y medio.
En el mes de julio, Algodonera sólo pagó, de los salarios del mes anterior, la porción de la que se hizo cargo el Estado como asistencia en la emergencia (ATP). Por el resto, ofreció vales de mercadería de otras dos empresas del grupo: carnes del Frigorífico Friar y aceite de la marca Vicentin. Los trabajadores rechazaron esta modalidad de «pago en especies» y se declararon en conflicto. Por ahora, la empresa ha desconocido las convocatorias a audiencias del Ministerio de Trabajo.
El último sábado, los trabajadores de Algodonera marcharon por las calles de Reconquista (vecina a la ciudad de Avellaneda, sede del complejo oleaginoso Vicentin), en el norte de Santa Fe, y se concentraron frente al domicilio de «Beto» Padoan, uno de los principales responsables, junto a Gustavo y Sergio Nardelli, de la gestión del grupo Vicentin hasta fines de 2019. Como tal, es uno de los directos involucrados en el colapso financiero de la empresa y el cobro de los créditos irregulares del Banco Nación por más de 300 millones de dólares durante los últimos meses de gestión del macrismo, que quedaron impagos y acumulados en la convocatoria de acreedores. Padoan es uno de los imputados, junto a Javier González Fraga, ex titular del BNA, en la causa penal por presunta estafa.
La federación de trabajadores de la industria aceitera y desmotadores de algodón de la República Argentina reclamó «una profunda y exhaustiva investigación ante lo que se verifica, cada día más, como una monumental estafa y defraudación a la banca pública y por ende, al conjunto del pueblo argentino; y compartimos los cuestionamientos al accionar de un juez que sólo demostró celeridad para desplazar una intervención que empezaba a investigar los papeles que aún se encontraban en la sede empresaria y en devolverle el control al directorio».
La organización gremial recordó que ya se había pronunciado en el mismo sentido «cuando se conoció el aún inexplicado estrés financiero de Vicentin, cuyo directorio continúa negándose a entregar el Balance (del ejercicio cerrado el 31 de octubre) de 2019».
Subrayó además que organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas respaldaron la intervención estatal «valorando la participación pública en un sector estratégico de la economía nacional que representa el 30% de las exportaciones totales del país, generando el mayor ingreso de divisas».
«Donde la medida sí encontró rechazo fue en sectores del poder económico concentrado, en los partidos políticos que les responden y en los medios hegemónicos que amplifican su discurso, quienes rechazan cualquier límite a la arbitrariedad de las maniobras patronales, tras décadas de desregulación neoliberal en el sector», puntualizó el documento gremial.
El sector trabajador planteó, finalmente, sus temores sobre las consecuencias del DNU que anuló la intervención y enterró el proyecto de expropiación de Vicentin. «Este nuevo anuncio no brinda claridad sobre cuál será a partir de ahora el accionar gubernamental, ni brinda garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del grupo Vicentin, entre los que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la Algodonera Avellaneda».
Fuente: Página/12
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