Un fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, y uno de sus empleados, Nelson Ugolini, fueron imputados este martes acusados de filtrar datos de investigaciones reservadas a una banda delictiva vinculada a “Los Monos” a cambio de coimas con la participación del jefe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Patricio Serjal, quien renunció a su cargo este lunes..
Eleonora Verón, jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) imputó a Ponce con prisión preventiva por 90 días, por los delitos de cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a Ugolini, en carácter de partícipe en el presunto cohecho, aunque quedó en libertad con restricciones por el plazo de 90 días y una caución de $4.982 dólares.
“Fue un plan delictivo que tenía por objetivo sacarle plata” a un capitalista del juego clandestino, dijo Matías Edery, uno de los cuatro fiscales que integraron el equipo acusador junto al fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos y las fiscales Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren. Ponce Asahad se negó a declarar durante la audiencia que se llevó a cabo este martes por la tarde, pero sostuvo que la situación lo quebró emocionalmente: “Estoy totalmente devastado”. El fiscal aseguró ser “inocente” y desconocer “qué intereses hay detrás de la acusación”.
La investigación apunta a que, al menos desde diciembre de 2018, Ponce Asahad le solicitaba pagos mensuales de entre cuatro y cinco mil dólares a Leonardo Peiti, capitalista del juego clandestino. El primer contacto lo inició el fiscal al enterarse que en una investigación por juego ilegal iban a realizar allanamientos a garitos administrados por Peiti.
A su vez, Peiti fue imputado la semana pasada como parte de una banda que controlaba unas 30 salas de juego clandestino, ligada a un grupo liderado por Maximiliano “Cachete” Díaz, quien extorsionaba a comerciantes legales e ilegales para brindarles protección en nombre del jefe de la banda narco “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero, quien se encuentra detenido por organizar un ataque a tiros contra el Casino City Center de Rosario el pasado 11 de enero, en el que murió un apostador.
A partir del secuestro del celular de Cantero, los investigadores descubrieron que un miembro de la fiscalía -presuntamente Ugolini- le pasaba datos a Peiti sobre causas judiciales, quien a la vez se los reenviaba a “Cachete” Díaz.
La causa comenzó cuando Peiti, prófugo, pidió hablar con el fiscal general Jorge Baclini para entregarse. Baclini lo derivó al fiscal regional de Rosario, pero el abogado del empresario imputado de gerenciar casinos clandestinos le respondió que su denuncia implicaba directamente a Serjal.
En calidad de imputado arrepentido, el empresario declaró en la Fiscalía de Cañada de Gómez que Ponce le pidió pagos de entre cuatro y cinco mil dólares por mes, para evitar ser acusado y tenerlo al tanto de investigaciones de otras fiscalías. En tanto, aportó a la investigación su celular y capturas de pantalla de los intercambios que habrían mantenido, además de otros dos testigos que aportaron sus testimonios en el mismo sentido.
Uno de los testigos es su abogado, Luis Rossini, quien dio detalles de un encuentro con el fiscal. Efectivamente, desde la Agencia de Criminalidad Organizada corroboraron con imágenes tomadas por las cámaras de seguridad un encuentro entre ambos en un estacionamiento durante la noche que indicó el letrado. El otro testigo informó que al menos siete veces acompañó a Peiti a “entregarle el sobre” a Ponce Asahad, en algunas ocasiones en la calle frente a su departamento del centro de Rosario, y otras en el Club Argentino-Árabe, al cual pertenece el fiscal.
Más cámaras de seguridad registraron otro encuentro entre ambos el 9 de julio. Según reveló el empresario del juego, en aquella ocasión el fiscal le reveló que había una investigación importante en su contra que llevaba adelante el Organismo de Investigaciones (OI), y que en esta ocasión debía pagarle 10 mil dólares. Los acusadores indicaron que el 16 y 17 de junio, el fiscal regional Patricio Serjal y Ponce Asahad visitaron el OI interesados en la causa contra Peiti. El pago de la última coima se habría efectuado el 9 de julio a las 18 horas en el Club Argentino-Árabe. Las cámaras de seguridad del 911 registraron el encuentro entre el fiscal y el empresario.
Por su parte, Serjal, quien asumió el cargo de jefe de fiscales en abril de 2017 hasta el 2023, presentó su renuncia este lunes al cargo de jefe regional mediante una carta que elevó al fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, tras lo cual, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público solicitó que lo hiciera también a su cargo de grado.
El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia confirmó finalmente horas más tarde que el gobernador Omar Perotti firmó un decreto en el que aceptó la renuncia de Serjal a ambos cargos, por lo que quedó “desvinculado del Poder Judicial”. “El gobierno entiende que personas sospechadas con el nivel de delitos que se están investigando no pueden estar sosteniéndose dentro de ningún poder del Estado”, señaló el funcionario.
Fuente: Infobae
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