13 La Junta y el monopolio legítimo de la fuerza

Una vez instalado el gobierno presidido por Saavedra emergió delante suyo el primer gran problema a resolver: cómo consolidar el proyecto revolucionario. Para ello era fundamental hacer realidad lo dispuesto por el mandato del 28 de mayo. Para que la revolución no se derrumbase era fundamental proceder a la invitación de los representantes de todos los pueblos del Virreinato a la constitución del gobierno permanente. Además, el gobierno de extremar todos sus recaudos para impedir que la cohesión del movimiento estallara por los aires. Por si ello no resultara suficiente, debía estar muy atento, por un lado, a la reacción de las autoridades españolas que no estarían dispuestas, al enterarse de la destitución de Cisneros, a convalidar semejante hecho y, por el otro, a una eventual intervención de Inglaterra o Portugal en el virreinato para forzar un retorno a la situación previa a la revolución. El gobierno criollo tenía, pues, delante suyo muchos y graves problemas, tanto internos como externos, que resolver. Lo primero que debía ocuparse el gobierno era evitar que lo acaecido el 25 se redujera a un golpe de estado militar, a una decisión tomada por la élite militar en el más profundo hermetismo. Debía, por ende, dotar de legitimidad a la destitución de Cisneros, lograr que el pueblo la apoyase. En los días posteriores era evidente que no toda la población apoyaba lo acontecido el 25 de mayo. Había un sector del pueblo que estaba exultante, apoyaba sin hesitar a Saavedra y sus funcionarios. Otro sector se sentía atemorizado por lo que pudiera provocar de aquí en adelante semejante decisión. Finalmente, un importante número de personas no tenía claro cuáles eran los verdaderos objetivos del movimiento. Saavedra debía, pues, ganarse la confianza de los gobernados.

Para que el pueblo confiara en el gobierno era fundamental que percibiera de inmediato su capacidad para ejercer el monopolio legítimo de la violencia. Debía evitar que la sociedad lo percibiera como un gobierno débil, timorato, incapaz de garantizar el orden público. En consecuencia, debía hacerse respetar de entada. Y lo hizo a través de un comunicado fechado el 26 de mayo que establecía que: “Será castigado con igual rigor cualquiera que vierta especies contrarias a la estrecha unión que debe reinar entre todos los habitantes de estas Provincias o que concurra a la división entre españoles europeos y americanos, tan contraria a la tranquilidad de los particulares, y bien general del Estado” (1). Era vital para el gobierno lograr la buena convivencia entre metropolitanos y americanos, basamento fundamental de su legitimidad. También lo era que su ejercicio del poder se redujera a declamaciones. Necesitaba imperiosamente confirmar en los hechos lo que prometía verbalmente. El cumplimiento de sus primeros dos mandatos demostrarían a los gobernados que estaba en condiciones de ejercer el poder. Debía efectivizar la invitación a los pueblos del Virreinato a enviar diputados parta la conformación del gobierno definitivo y enviar fuerzas militares al interior para evitar que se produjeran desbordes ocasionados por los nostálgicos del antiguo régimen. Saavedra ordenó que se informara a las autoridades de los restantes pueblos del Virreinato sobre los hechos que culminaron el 25 de mayo para luego invitarlas a reconocer su autoridad provisoria y enviar sus representantes al Congreso General. Mientras tanto fue designado el coronel Ortiz de Ocampo jefe de una división de mil hombres para garantizar la paz social. Hombres desconfiados, los miembros del primer gobierno criollo designaron a Hipólito Vieytes su delegado con la misión de acompañar a Ocampo. Poca gracia le debe haber hecho al jefe militar la presencia de Vieytes a su lado.

La decisión de Saavedra de enviar al interior una fuerza militar de envergadura quedó rápidamente justificada. Era evidente que tanto la ciudad de Montevideo como la de Córdoba no iban a quedarse de brazos cruzados ante los hechos consumados. Apoyados por el Cabildo cordobés Liniers y Gutiérrez de la Concha movilizaron una fuerza armada para aplastar lo que consideraban había sido una insurrección. El de junio ese Cabildo decidió no reconocer al gobierno criollo acusándolo de haber protagonizado un hecho de fuerza. Oh casualidad el mismo día Montevideo expresó que reconocería a la Junta si juraba lealtad al Consejo de Regencia. Mientras tanto, en Buenos Aires el Cabildo se inclinaba a hurtadillas por la reacción realista. Primero le sugirió a la Junta que procediera a la rotación de su presidencia, lo que fue considerado por la Junta como una intromisión indebida del Cabildo en su funcionamiento interno. Luego escuchó la sugerencia de Cisneros de reconocer la autoridad del Consejo de Regencia, la que hizo efectiva el 14 de julio sin que la Junta lo supiese. Mientras tanto la ola de rumores no cesaba y la Junta se enteró de un plan de Cisneros y la RealAudiencia que encendió todas las alarmas. Los mencionados tenían intención de trasladarse a Montevideo para reinstalar la autoridad de España. De ahí a aplastar al gobierno criollo de Buenos Aires había un paso. Consciente de ello la Junta no titubeó: ordenó el arresto de los involucrados para luego embarcarlos rumbo a Europa.

(1) Carlos Floria y César García Belsunce, Historia Política y…., pág. 333.

Prensa Rosario

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