La ministra de Justicia se sienta en un sillón mullido de la antesala de su despacho. No hay muchas cosas en la habitación, sobresale una bandera argentina. Allí, Marcela Losardo da precisiones sobre la Reforma Judicial. Habla rápido, explica los detalles, contesta las críticas y dice que no puede entender que la oposición se haya opuesto al proyecto, que comenzará a tratar el Congreso esta semana, antes de que se presentara. “El objetivo es poder brindar a los ciudadanos una respuesta eficiente, eficaz y en un plazo razonable. Y también terminar con la relación de la justicia federal con los poderes fácticos y los gobiernos”, señala. Reitera que cada juez seguirá tramitando las causas que tiene en este momento y que los nuevos magistrados se nombrarán de acuerdo a los mecanismos institucionales. Explica que la creación de nuevos juzgados federales en las provincias, 94 en total, es una iniciativa que existía en el gobierno anterior. “La oposición sostiene que hay muchos jueces para designar y que esto significaría un manejo de poder por parte del Ejecutivo. El número de jueces a designar es el mismo que había propuesto Macri en el 2018”, asegura.
–¿Cuál es el objetivo de la reforma?
— El objetivo es poder brindar a los ciudadanos que son partes en los procesos judiciales una respuesta eficiente, eficaz y en un plazo razonable. Al mismo tiempo, es necesario brindar las herramientas adecuadas para que los operadores del sistema lo puedan gestionar correctamente. Es un compromiso del Gobierno. El objetivo es agilizar y transparentar. Y también terminar con la relación de la justicia federal con los poderes fácticos y los poderes de gobierno.
–¿Qué funcional mal ahora en el Poder Judicial?
–Tenemos juicios muy largos, que duran más de lo que deben, que duran diez, quince, veinte años. No logramos tener justicia. La ciudadanía lo está reclamando y el Presidente lo planteó en su campaña, fue un compromiso y por eso nos votaron. Dijo que su objetivo era tener una justicia independiente que no esté mirando al poder. El tema de la independencia judicial hay que dejar de hablarlo y empezar a ejercerlo. En función de eso se pensó en este proyecto de ley. También hay que estar más aggiornado con la tecnología. Hay muchas cosas que pueden funcionar mejor. Hay que lograr la confianza en la Justicia y la realidad es que hay casos en los que, por una minoría, el resto del Poder Judicial sufre la mirada del ciudadano.
–¿Por qué casos?
–Tuvimos muchos. Hubo gente detenida que no tendría que haber estado detenida, gente detenida más tiempo de lo que establecen los tiempo procesales y las convenciones internacionales. La voluntad de este Gobierno es que esas cosas terminen. Muchas de las cosas que se plantearon antes de la pandemia están vinculadas: se transparentaron los fondos de la AFI, terminar con el festival de escuchas. Todo tiene que ver.
–Salieron a la luz el armado de causas, el espionaje ¿Se sorprendió o era imaginable por la relación de los servicios con la justicia?
–Con esto que fuimos viviendo creo que nadie puede pensar que no hay que hacer cambios en la Justicia. Los servicios de inteligencia siempre jugaron mucho con el Poder Judicial pero lo que estamos viendo últimamente no me lo imaginé nunca. Lamento ser sorprendida, pero la magnitud de lo que se va viendo y de lo que nos estamos enterando es alarmante.
–-Algunos dirigentes de la oposición dicen que ahora no es el momento de debatir este proyecto
–Nos preguntan por qué ahora, con la pandemia. Y nosotros nos preguntamos lo contrario. Durante todo este tiempo nos preguntaban por qué no lo presentábamos. Iniciamos el gobierno con esta intención, con estas ideas para mejorar la justicia y que sea independiente y la pandemia nos cambió el escenario y las prioridades. Ahora tenemos el Congreso funcionando. Es el momento para presentarlo.
– ¿Por qué más juzgados implicaría una mejor justicia?
–La última reforma que sufrió la estructura de la justicia federal criminal y correccional es de la década del noventa, cuando se duplicó el número de juzgados federales de 6 a 12. De ese momento a la actualidad, creció el número de delitos que se investigan en el fuero federal. Hay que pensar que se agregaron figuras como la trata de personas y el lavado de activos, entre otros. Este dato objetivo también tiene un impacto concreto en el mayor número de casos que se presentan ante los jueces para ser resueltos; sumado al aumento de denuncias y de la litigiosidad. Además se ha complejizado el delito. Hoy los delitos que investiga la justicia federal son cometidos por organizaciones criminales, a veces transnacionales, que cuentan con recursos altamente sofisticados, en permanente desarrollo y perfeccionamiento. Fusionamos los juzgados Criminal y Correccional con los de Penal Económico, los dos son federales y tienen competencias muy próximas y muchas veces se rozan y los expedientes van de un lado al otro. Por ejemplo, cuando hay una investigación por delitos relacionados con estupefacientes en zona aduanera o en casos de lavado de dinero y la necesidad de determinar si hay o no un funcionario público imputado. Estas cuestiones generan demoras innecesarias para la persona que está sometida al proceso penal y atentan contra el sistema de administración de justicia. Si bien en la Ciudad de Buenos Aires se optó, en un momento determinado de la historia, en separarlo en dos fueros diferentes, en el resto del país ambas competencias recaen en cabeza de un solo juez. De este modo, no se está tomando una medida excepcional, sino que se está homogeneizando lo que ocurre en esta Ciudad con las demás jurisdicciones. Fusionamos los 12 juzgados federales con los 11 Penal Económico. Ahí tenemos 23. Y se incorporan 23 juzgados más. Pero cada juzgado tiene ahora dos secretarías. Vamos a quitar una secretaría y esa secretaría con toda la estructura pasa a ser del nuevo juzgado que se crea.
–Desde la oposición critican el gasto que esto supondría
–El proyecto no importa una erogación presupuestaria muy grande porque en realidad, en su mayor parte, propone una redistribución de los recursos existentes. Lo que encarece este tipo de medidas es la creación de todos los cargos que dan cobertura al juez, que no es lo que se propone en este proyecto porque la secretaría y estructura del juzgado ya existe. Ahora solo creamos el cargo del juez. De todas formas, no se debe ver como un gasto la erogación que se produce para fortalecer la justicia, sino como una inversión; especialmente cuando lo que se pretende es que los ciudadanos puedan acceder a un servicio público de justicia eficiente y eficaz, que resuelva las controversias en un plazo razonable.
–¿Y cada juzgado va a quedar con una secretaría o luego se crearían más?
–Cada juzgado se queda con una secretaría.
–Sectores de la oposición también dicen que se trata de digitar causas o lograr algún tipo de impunidad
–No podemos entender por qué dicen eso. Cada juez seguirá tramitando las causas que tiene actualmente y esta forma de trabajar sólo brinda mayor transparencia. Nadie va a cambiar de juez. Se respeta el juez natural de la causa.
–¿Cómo se van a definir los jueces subrogantes que ocupen los cargos mientras no haya concursos?
–Los jueces de los juzgados ordinarios van a poder anotarse. La Cámara de Casación va a confeccionar una lista que va a pasar al Consejo la Magistratura, que va a evaluar si tienen los requisitos, eso va a ir al Poder Ejecutivo y de ahí al Senado, que le tiene que aprobar el pliego. Van a subrogar un año, o medio año más excepcionalmente. Mientras, hay que llamar a concurso para esos puestos. Nadie va a digitar el nombramiento de los jueces. Se van a respetar las instituciones. Y en el caso de la justicia no penal, la contencioso administrativa federal y la civil y comercial federal lo que hacemos es fusionar. No creamos ningún cargo. Como también tienen problemas de competencia se fusionan. En el único lugar donde se crea más estructura es en los juzgados provinciales. Ahí se van a crear 94 jueces federales. Porque en la justicia federal provincial hay competencia múltiple. Un mismo juez atiende un tema penal, ejecuciones fiscales, civil y comercial. En una zona donde hay narcotráfico, que es un delito complejo para investigar, tenés un juez que tiene que estar en todas partes y no puede estar en todas partes. Más cuando venga el sistema acusatorio. Esto fue tomado del gobierno anterior, es un proyecto que presentó (el ex ministro de Justicia, Germán) Garavano, que no tuvo tratamiento. La oposición ahora critica el proyecto porque sostiene que hay muchos jueces para designar y que esto significaría un manejo de poder por parte del Ejecutivo. El número de jueces a designar en las provincias es el mismo que había propuesto Macri en el 2018.
–En ese sentido ¿les sorprendió que la negativa a discutir el proyecto por parte de la oposición?
–No podemos entenderlo. Es raro que dijeran que no lo iban a acompañar ni bien dijimos que lo íbamos a presentar. Se puso en cuestionamiento también el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y Ministerio Público, que es una comisión que no es vinculante. No se va a debatir en el Congreso. Fue creado por el Presidente para analizar los problemas estructurales del sistema de Justicia. Y fue conformado en forma plural por académicos y profesionales de reconocida trayectoria, teniendo en cuenta la integración federal y el enfoque de género. Creo que cuando el proyecto de ley se empiece a debatir se van a dar cuenta que lo que menos pretende en impunidad o digitar la justicia. Tenemos un presidente que desde la campaña ha planteado que necesitamos jueces probos y honestos. Y esto no es de la campaña, es algo que el Presidente sostiene hace muchísimo tiempo. El conoce el Derecho, es profesor, escribió libros, trabajó en la justicia. Sin embargo, decide armar un comité plural de consulta.
–¿Aceptarían cambios en el proyecto?
–Por supuesto. La ultima palabra la tiene el Poder Legislativo. Tenemos un Presidente que es muy abierto y escucha a todo el mundo y pide asesoramiento. Lo demuestra el Consejo que armó.
–Lo que más revuelo generó es la inclusión de los temas vinculados a la Corte. ¿En la Corte se lo tomaron mal?
–Desconozco. Al acto vino la doctora Elena Highton, que es la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Es representativa de la Corte y fue un gusto que nos acompañara. Yo siempre he tenido y continuaré teniendo diálogo con los miembros del Poder Judicial y ese es uno de los valores de nuestro Presidente también.
–El Presidente dijo que la Corte no funcionaba bien y la Corte difundió que trabajó en 29 mil expedientes ¿Cuál es su postura?
— Eso va a quedar para estudio del Consejo. No quiero incidir como ministra de Justicia. Los integrantes del Consejo son personas muy idóneas que van a hacer un análisis de distintas áreas, también el juicio por jurados y el sistema acusatorio, el Consejo de la Magistratura. De lo que se trata es de evaluar cuáles son las mejores herramientas que podemos tener, se las presentan al Presidente, puede haber disidencias. El Presidente después evaluará lo que considere pertinente.
–-Se criticó la inclusión de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, en el Consejo Consultivo
–El doctor Beraldi tiene importantes antecedentes curriculares, además de su ejercicio profesional y participó en comisiones de anteproyectos de reforma de códigos de fondo y forma. Es un académico nacional e internacional. Cuestionarlo porque sea el abogado de la vicepresidenta es descalificarlo. Está Inés Weinberg de Roca y no la descalifican porque fue la persona elegida por el macrismo para la Procuración General. Todos los integrantes son sólidos, tienen conocimiento académico y libertad de pensamiento. Es gente que sabe, es muy difícil cuestionarlos.
–¿Se propone que la Oficina Anticorrupción pase al ámbito de la Procuración?
–Es uno de los planteos para evaluar y analizar. Son temas de la Comisión, se van a estudiar para ver cómo sería mejor el funcionamiento. La Comisión va a empezar el 18 de agosto.
–¿Sobre el juicio por jurados tiene posición?
–Es una deuda. Es una institución que se encuentra en la Constitución y que en gran parte de las provincias se encuentra regulada. Tenemos que cumplir con los mandatos constitucionales, así como tenemos que cumplir con el traspaso de la justicia y competencias a la Ciudad. Creo que tenemos que ir aceptando que la participación ciudadana siempre suma. En las provincias está dando buenos resultados.
–¿El sistema acusatorio también es una deuda?
–Si. Es muy importante. Creo que va a ser un buen cambio. Es un cambio de fondo en sí mismo, por eso se sancionó la reforma del Código Procesal Penal durante la gestión de Cristina Kirchner. Por uno de los primeros decretos de Macri se suspendió su implementación y actualmente solo en las provincias de Salta y Jujuy se encuentra vigente. Independientemente de que es competencia de la comisión bicameral del Congreso establecer las jurisdicciones y plazos de implementación, en el proyecto propuesto se establece un plazo de dos años como máximo para que comience su aplicación en los juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires.
–¿Qué cambios habría que introducir en el Consejo de la Magistratura?
–Una de las cuestiones que se establecen en el proyecto es que en la selección de jueces la entrevista no pueda superar el 15 por ciento. Es para quitar subjetividad, a veces alguien que se saca una nota muy alta termina abajo en la terna o alguno que está en el número 20 sube. Son cuestiones que se discutirán pero pensamos que hay que sacar esa subjetividad.
–Esta semana se dio la discusión de los traslados de jueces en el Consejo de la Magistratura
–Pretendieron presentarlo como una manipulación y lo que se estaba planteando era que se respetaran las cuestiones institucionales, que los jueces pasen por el Senado, que no haya traslados sin los mecanismos que correspondan. Nuestra mirada es la del respeto a las instituciones y a la transparencia. La intención es mejorar la justicia para que sea más eficaz.
–En la Procuración hay un titular interino al que algunos legisladores están cuestionando.
–Nosotros tenemos un candidato que el Presidente presentó que es Daniel Rafecas y esperamos que se pueda tratar donde corresponde y sea aceptado.
¿Cuándo entraría en funcionamiento la Reforma?
–El proyecto de ley prevé que a los 30 días de su vigencia se unifican los órganos judiciales de cada fuero y recién cuando exista partida presupuestaria una de las secretarias de cada juzgado pasará a constituir un nuevo juzgado.
La mirada de género
–¿El proyecto tiene en cuenta la perspectiva de género?
–El proyecto lo tiene en cuenta y se tuvo en cuenta en la integración del Consejo. Hay un capítulo de normas éticas y se incluye la perspectiva de género para que se tenga en cuenta en los concursos, que serán orales, públicos, abiertos a todos y se podrán grabar. El proyecto tiene muchas carácterísticas de apertura. Con respecto al género van a tener que capacitarse, en eso ya se está avanzando. Lo que tenemos que mejorar es que tiene que haber más mujeres en el Poder Judicial, sobre todo en los cargos altos. No digo que en las ternas alguien sea elegido por ser mujer, pero en igualdad de condiciones estaría bueno que se elija a una mujer, hay que ser más plural, más diversos. Ahora hay una mayoría de hombres y eso lo podemos ir cambiando, eso está contemplado.
El traspaso a la Ciudad
–¿Cómo será la transferencia de competencia de los delitos penales no federales a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se traspasan los fondos?
— Se trasladan las competencias y las partidas presupuestarias que tengan que ver con eso. Se realizará en el plazo de tres años y conforme los convenios que se suscriban al efecto, se establecerá qué magistrados, empleados y funcionarios expresaron y expresarán su voluntad de ser traspasados a la Justicia de la Ciudad y se analizará cómo y con quienes se realizará la reasignación de recursos necesarios para la transferencia y la continuación de sistema de justicia federal.
Fuente: Página/12
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