El futuro del caso Vicentin pasa, en estos momentos, por una negociación, mano a mano, entre el gobierno de Omar Perotti y los dueños de la empresa, por la entrega de las acciones y, consecuentemente, el control de la firma en concurso de acreedores. El juez comercial Fabián Lorenzini, a cargo del proceso concursal, prácticamente cedió el manejo del conflicto a las mencionadas partes, desbordado por una situación que ya no controla en ningún sentido. Perotti confía en lograr que le cedan el control accionario para así poder constituir un fideicomiso, que quedaría al frente de la empresa en esta transición. Luego, buscaría un acuerdo con los acreedores, el Estado nacional y algún inversor privado para constituir una empresa mixta continuadora de la actual.
Hay varios inconvenientes a sortear en el camino, el más inmediato es convencer al clan Vicentin para que entregue las acciones. Pero, además, ¿qué van a entregar? ¿Las acciones de una Vicentin SAIC vaciada y en virtual quiebra, luego de haber transferido gran parte del patrimonio a las otras empresas del holding, que mantienen fuera del concurso? Un pedido presentado este jueves al juzgado de Lorenzini por el Banco Nación, en carácter de acreedor, pretende impedir esta maniobra, reclamando que todas las empresas en las que participa Vicentin sean incorporadas como activo comprometido en la causa, o bien sean incluidas en el patrimonio a gestionar por un eventual fideicomiso (ver nota aparte sobre esta presentación).
Todas las idas y vueltas, avances y marcha atrás, de la frustrada intervención federal de Vicentin y la propuesta y desactivación oficial de expropiación, derivaron en la convocatoria a conciliación que realizó el juez Lorenzini el miércoles 15, juntando en su despacho a los directivos de la empresa y a los representantes del gobierno santafesino (IGPJ y Ministerio de Justicia). «Ahí empezó la verdadera negociación», cuenta un participante clave de todo el proceso transcurrido hasta este momento.
El punto a conciliar era si los miembros del clan Vicentin debían continuar o no al frente de la empresa. Padoán, Nardelli, Buyatti, Colombo y Vicentin son los principales apellidos, todo ligados entre sí por vínculos familiares. Recibieron el respaldo del juez cuando desplazó a la intervención nombrada por el presidente de la Nación y repuso al Directorio anterior al frente de la empresa. Pero la inspección general de personas jurídicas provincial (IGPJ) arremetió con munición pesada: enumeró la larga serie de irregularidades de las que son responsables, incluso bajo riesgo de ser condenados por delitos penales, lo que hacía imperioso su desplazamiento y la designación de una intervención con aval del juez Lorenzini. La respuesta de este último fue convocar a ambos, IGPJ y Directorio, a una reunión de conciliación.
Del lado del clan familiar empresario, la negociación tiene varios flancos desequilibrantes, según confió la misma fuente consultada. No existe hoy un liderazgo claro, quienes ejercían la conducción hasta 2019 (Alberto Padoán, Gustavo y Sergio Nardelli) hoy son los que están más expuestos públicamente. Y más cuestionados puertas adentro. «Prácticamente, le han cedido la conducción a la generación siguiente», señala el informante, con nombres que no tienen el peso sobre el resto que tenían sus mayores en algún momento. De hecho, no logran unificar criterio entre los 130 parientes accionistas.
Tampoco quieren dividirse (unos aceptarían entregar las acciones, otros no), porque además deben resolver qué posición va a tomar Vicentin Family Group Uruguay, accionista de peso en Vicentin SAIC que, como es obvio, tiene que dar una única respuesta. Y en VFG, que «es la joya a preservar si entregan a Vicentin SAIC como cordero sacrificial», participan todos. Por ahora, la salida ha sido ir cargando de «condiciones» la eventual entrega del paquete accionario. Lo cual, por lo pronto, logró demorar una definición.
Si Perotti logra vencer este escollo y obtiene el paquete de control de Vicentin SAIC, empezará a lidiar con los acreedores comerciales buscando su respaldo a la futura administración del fideicomiso, lo cual le demandará no pocos inconvenientes. Ya está moviendo piezas anticipándose a esa tarea, y para ello cuenta con el respaldo de Alberto Fernández. El presidente nombró dos «asesores» –así los denominó– para colaborar en la tarea y hacer el seguimiento. Uno es su jefe de asesores en el gobierno, Juan Manuel Olmos, el otro es Gabriel Delgado, quien había sido designado interventor en Vicentin, un profesional joven pero de larga experiencia en el sector. Esta semana ya estuvo en Rosario tratando el tema con referentes locales.
El gobernador de Santa Fe le había prometido a Alberto Fernández que tendría «novedades» antes del viernes 31. Esto es, el acuerdo para constituir el fideicomiso. «Los Vicentin» se la están haciendo difícil, pero todavía tiene chances de llegar. Las probables complicaciones ante la justicia penal en la Capital y las que deriven de la causa abierta por los bancos extranjeros en Nueva York pesan fuerte sobre el ánimo de los más renombrados del clan familiar, lo cual puede demorar definiciones. O acelerarlas, eventualmente. El paraguas de protección de funcionarios y «fuerzas vivas» del pago chico de Avellaneda (Santa Fe) alcanzaba para los primeros chubascos, pero no para la tormenta que se avecina.
Fuente: Página/12
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