Espionaje ilegal: La cúpula de la AFI y los documentos falsos para justificar el seguimiento a CFK

Por segunda vez, o tercera si se cuenta su declaración ante la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades de inteligencia, el espía Martín Coste declaró en los tribunales de Lomas de Zamora que el espionaje en 2018 al Instituto Patria y a Cristina Fernández de Kirchner fue ilegal y que las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de su Dirección de Asuntos Jurídicos mandaron a confeccionar documentos falsos para justificarlo, como si fuera parte de actividades de inteligencia derivadas de alertas de seguridad en el contexto de la organización de la Cumbre del G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud. Coste fue jefe de Contrainteligencia de la AFI, cargo donde acababa de desembarcar cuando se hizo pública y fue denunciada la presencia de dos autos del organismo en la entidad fundada por la ex presidenta. Su nuevo relato confirmó y potenció, además, todo lo que expuso el jueves en la Bicameral una exagente que trabajaba con él, como que quien indicaba el contenido de los informes truchos era un exsecretario del fallecido juez Claudio Bonadio, que había ingresado a la AFI en 2016.

“Yo sabía que era mentira”, había dicho Coste ante la Comisión Bicameral al describir cómo tuvo que hacer los informes internos sobre el espionaje a CFK para que luego fueran presentados, además, en una causa penal contra los extitulares de la AFI, que tenía a cargo el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y otra que se usó como base para la realización de tareas de inteligencia con la excusa de presuntas amenazas de seguridad por el G-20, que instruía Federico Villena. La semana pasada se presentó ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, donde dijo que ratificaba todo lo que había relatado ante diputados y senadores. Pidió tiempo y finalmente este viernes contestó preguntas, y reforzó todo lo que ya había dicho con detalles.

Coste tiene larga historia en la AFI, donde ingresó en 2002 y se fogueó trabajando también en Contrainteligencia cerca de Antonio “Jaime” Stiuso. Ahora sigue en otro sector. La mujer que declaró en la bicameral esta semana había entrado en 2006 y era compañera de Coste en los últimos años. El era un responsable funcional. Ella fue desvinculada en mayo último. Según pudo saber Página/12 por fuentes de la investigación, Coste explicó en el juzgado todo el recorrido interno que llevó al armado de los informes falsos, y tuvieron como punto de partida una indicación de la segunda de la AFI, que lo mandó a la oficina de asuntos jurídicos, donde lo esperaban sus encargados Juan Sebastián De Stéfano y Hernán Martiré, junto con el ex jefe de Operaciones, Alan Ruiz. Precisó cómo fueron las conversaciones y las presiones que habría recibido para armar los documentos e insistió con que era casi imposible denunciar irregularidades, porque era todo una especie de gran familia.

Uno de los datos que reveló la coquiper de Coste en el Congreso y que él ratificó, es que las directivas y el contenido de los documentos armados los indicaba Bernardo Miguens, un exsecretario de Bonadio, que se había pasado de tribunales a la AFI. La justificación que se utilizó fue que había grupos o personas antisistémicos que planeaban atentar contra la ex presidenta. Algo tan absurdo como que un agente había escuchado a alguien hablar de esto en una plaza de Avellaneda. Esta semana, en su indagatoria, la ex “señora 8”, Silvia Majdalani, intentó justificar que tenían advertencias de agencias de otros países sobre amenazas de una organización llamada ITS (Individualistas Tendiendo a la Salvaje), que habían actuado en Chile. La exagente dijo en la Bicameral que es insostenible porque se trata de una agrupación, autodefinida como ecoextremista, que acusa “al progreso científico y tecnológico de la devastación de los ecosistemas” y cuyos blancos no son expresidentes sino profesores y empresarios que desarrollan tecnología. Por eso ella contó que se quejó de que si había una amenaza terrorista real, debía ocuparse del tema Darío Biorci, cuñado de Majdalani que estaba en esa área. Igual dijo que no se podía denunciar nada de manera efectiva.

La fiscalía sospecha que el espionaje ilegal a CFK y el Patria se extendió por varios meses, no sólo los días entre el 3 y 8 de agosto focalizados en la causa judicial que tuvo Martínez de Giorgi, y en la que sobreseyó a Arribas y Majdalani. Los documentos que elaboraron Coste y su coequiper, fueron parte para la propia AFI y otros para entregar en tribunales. Ante la Bicameral firmaron los propios Arribas y Majdalani, luego ante Martínez de Giorgi y Villena aparecen otros nombres: Juan Hérnandez (de Contrainteligencia y Operaciones) y Juan Padilla (de Asuntos Jurídicos) y Rubén Areso (de Relaciones Institucionales). La investigación judicial podría expandirse aunque aparecen datos útiles también para la causa más grande sobre espionaje, donde hay muchas más víctimas.

Coste narró otras cuestiones útiles para la causa: como que el vínculo entre Majdalani y Ruiz era directo, aunque él esta semana presentó un escrito diciendo que no era así, donde se desdecía de lo que él mismo había afirmado. También relato que en los años de macrismo hubo una gran expansión de funciones de investigación criminal en la AFI que generó un enorme descontrol y el ingreso de personas sin experiencia, en especial policías.

Fuente: Página/12

Prensa Rosario

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