“Me enteré por televisión”, declaró Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al referirse a las tareas de espionaje que el organismo mandó a hacer sobre el Instituto Patria a mediados de 2018 y que los fiscales de la causa, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, consideran ilegales. El ex funcionario amigo del ex presidente Mauricio Macri, empresario del fútbol, prestó declaración indagatoria y sostuvo que, más allá de que él no dio órdenes, las actividades de inteligencia fueron dispuestas de manera legal en el contexto de una causa en la que la propia AFI había denunciado riesgos para la seguridad ante la organización de las cumbres de la Organización Mundial de Comercio y luego la del G-20. Los investigadores sostienen que es un argumento falso, y que ese expediente se utilizó para justificar seguimientos ilegales que tuvieron muchas otras víctimas. De hecho tanto a Arribas como al resto de la conducción de la AFI macrista les imputan la violación a la Ley de Inteligencia, pero también el armado de documentos para darle aspecto de legalidad con posterioridad.
Arribas llegó cerca de las 9 de la mañana a Lomas de Zamora junto con su defensor Alejandro Pérez Chada –histórico abogado de Macri– y, al igual que su ex número dos en la Agencia, Silvia Majdalani, anunció que haría una exposición pero no respondería preguntas. Ambos tratan de desconocer la competencia del juez y los fiscales de Lomas de Zamora, con una apuesta a que la causa pase a Comodoro Py, donde especulan que les irá mejor. Arribas, en su monólogo, contó qué hizo para que la AFI funcionara, según su parecer, con “estándares internacionales” y cómo encaró su gestión. Con la explicación de que la actividad operativa y vinculada al despliegue de inteligencia estaba a cargo de la “Señora 8”, se desligó casi por completo de cualquier responsabilidad en los seguimientos. Cuidó no comprometer de lleno a su ex compañera, pero dejó claro que no era él quien daba las órdenes y pidió incorporar un organigrama a la causa, donde se reflejaría que sus responsabilidades eran solo administrativas. Tampoco abundó sobre el ex jefe de Operaciones, Alan Ruiz, ya procesado.
Cuestionó de manera directa, en cambio, a quien fue director de Contrainteligencia, Martín Coste, un agente que ante la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia, dejó a ambos ex directores de la AFI muy mal parados al decir que el espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner y el Patria no tuvo sustento legal y que a él mismo lo habían mandado a confeccionar un informe trucho para justificarlo ante una causa judicial que se había abierto en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, quien de hecho se apoyó en ese documento para sobreseerlos. Coste ratificó este relato el viernes último, y el resto de lo que había contado ante los diputados y senadores a quienes les describió que la AFI funcionaba como “una empresa” y que “todo era irregular”. Volverá a declarar como sospechoso el viernes de esta semana.
Según la explicación de Arribas, desde las áreas de Asuntos Jurídicos y de Contrainteligencia le explicaron a él que las “observaciones” –como llama a las operaciones de inteligencia– al Instituto Patria estaban relacionadas con la llamada “causa del G-20”, que tenía a cargo otro juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, apartado recientemente de la investigación más grande sobre espionaje por haber sido quien autorizó algunas de las actividades de inteligencia cuestionadas. Eso, dijo, fue lo que informó a la Bicameral en el momento que se detectó el espionaje allí.
Aquel expediente al que aludió se había abierto en octubre de 2017 cuando la AFI se presentó ante Villena y planteó que tenía indicios a través de información de otros servicios de inteligencia de que podía haber atentados en la Argentina, e incluso señalaban a una organización de raíz anarquista llamada ITS (Individualistas Tendientes a lo Salvaje), que habría protagonizado ataques en otros países, como Chile, y estaban preocupados por todos los incidentes que habían ocurrido en la Cumbre del G-20 en Hamburgo ese año.
Respecto de la operación de espionaje en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, Arribas no dijo nada ni aceptó preguntas. En la investigación declararon tres testigos de identidad reservada, agentes de carrera que participaron de los seguimientos a la vivienda de la ex presidenta y al Patria, y revelaron que a ellos no les pedían preservar a nadie de ningún ataque terrorista, algo que en cualquier caso se le debería avisar a la víctima y no sucedió, sino que detectaran si había movimientos de bolsos, mochilas, bolsas, cajas, documentación o algo similar. Por eso, sostienen los fiscales, todo hace suponer que el espionaje obedecía a razones políticas, lo que viola la ley de inteligencia.
La explicación documentada de que supuestamente había un peligro para CFK apareció cerca de 75 días después de que los integrantes del Instituto Patria, con Oscar Parrilli a la cabeza, denunciaran públicamente y en tribunales la presencia de dos autos sospechosos en la entrada de la entidad. Eran, en efecto, autos de la AFI. Es lo que Arribas dice que vio por televisión. Recién tiempo después, y cuando la AFI debió dar una explicación ante el juez de la causa, entregaron un informe que decía que al 30 de julio habían tenido un alerta específica sobre CFK. También sobre otros políticos, como María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Graciela Camaño, todos también considerados víctimas de espionaje.
El agente Coste contó en la Bicameral que él armó toda la documentación para respaldar esas operaciones, sabiendo que eran mentira los fundamentos. Parte fue para uso interno y otro tanto para darle a Martínez de Giorgi, como prueba a favor de las autoridades de la AFI. Precisamente porque gracias a eso fueron desvinculados, ahora dicen que ya fueron juzgados. Pero Incardona y Eyherabide sostienen que hubo hechos no juzgados, como el espionaje a la casa de CFK, y por mucho tiempo más que el que consideró el juez porteño. Es más, sospechan que pudieron haber sido meses de espionaje.
En la batalla por dónde y a cargo de quién tramitará la causa, la fiscal Incardona rechazó la recusación que planteada en su contra. El juez Juan Pablo Augé había rechazado un planteo de incompetencia planteado por el ex espía Ruiz, que ahora revisa la Cámara de La Plata. Desde Comodoro Py, y a pedido de Arribas, la jueza María Eugenia Capuchetti pidió certificar el expediente de Lomas para definir si podría reclamarlo.
Lo que agregó Alan Ruiz
Alan Ruiz, ex director de Operaciones de la AFI y único procesado hasta ahora por el espionaje a CFK y al Instituto Patria, presentó una ampliación de su última declaración indagatoria en la causa más grande sobre espionaje en la que puso énfasis en que “no tenía trato directo” con la ex número dos de la Agencia y que las órdenes las recibía a través del ex director de Contrainteligencia Martín Coste. Está en línea con lo que dijo la ex funcionaria. Además, Ruiz intentó desacreditar a los testigos de identidad reservada que complicaron su situación y la de la cúpula de la AFI, y sugirió que estuvieron preparados o fueron presionados. “Si bien la conocí a ella personalmente y participé en reuniones en donde estaba, siempre lo hice a instancias de Coste y en su presencia», dijo en una presentación por escrito. Coste es el agente que ante la Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia comprometió a la cúpula de la AFI y dijo que lo mandaron a hacer informes falsos para justificar el espionaje ilegal.
Ruiz contó que ingresó al organismo en 2018 de la mano de Diego Dalmau Pereyra, luego reemplazado por Coste, y que aquel le había alertado sobre situaciones de peligro de seguridad o contra el orden constitucional en el contexto del G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud, eventos ambos usados para hacer espionaje masivo desde la AFI, según denunció la interventora Cristina Caamaño.
Ruiz habló específicamente de la misma organización de base anarquista que mencionó la Señora 8 a la que estaban atentos, ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje), como justificación de las operaciones que pedían en una causa judicial que tenía a cargo el juez Federico Villena. También dijo que la supuesta amenaza contra la ex presidenta CFK surgió de una reunión de un grupo anarquista y que Coste les ordenó poner una suerte de guardia en los lugares que ella frecuentaba. Sostuvo que eran tareas de “vigilancia y observación”. Volvió a cuestionar al grupo de agentes que integraban la banda Super Mario Bros (Leandro Araque, Facundo Melo, Jorge Sáez, entre otros). “Querían seguir con sus cosas y sobre todo sin control”, dijo.
Fuente: Página/12, 15/7/020
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