Graciana Peñafort sobre la causa espionaje y la libertad de expresión

La actual directora de Asuntos Jurídicos de la presidencia del Senado analiza el accionar ilegal de los servicios de inteligencia durante el macrismo, y destaca la necesidad de hacer juicios con todas las garantías.

«Esta es una causa de trascendencia, la que acumula más pruebas en un gobierno democrático para demostrar las tareas de inteligencia ilegal. Y si es importante que avance, es más importante que ese avance se de en los términos y garantías de un Estado de Derecho». La abogada Graciana Peñafort –actual directora de Asuntos Jurídicos de la presidencia del Senado– habla rápido y con énfasis, se le nota la pasión en ciertos temas. Se emociona cuando recuerda a su amigo y en su momento representado Héctor Timerman: «Yo sé lo que son las detenciones arbitrarias. Yo vi un poder judicial que mata. Lo viví. Quiero que la gente se pueda defender», dice en lengua llana. El suyo es un alegato por la vigencia del Estado de derecho en Argentina, aunque aclara: «Tampoco compro espejitos de colores. Creo que es necesaria una reforma judicial, porque este es el poder judicial que formó el macrismo. No podemos permitir que se repita el lawfare«.

— ¿Cómo ve esta novela de espías, en la que van apareciendo detalles increíbles?

— Veo que los servicios de inteligencia nos han acostumbrado a que vale casi cualquier cosa, y no es así. Es la primera vez, por ejemplo, que se reconoce una enorme cantidad de víctimas, de todos los ámbitos políticos, de los movimientos sociales, sindicales. En esta causa se han presentado como querellantes desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Rodríguez Larreta, todos han asumido su rol como víctimas en tareas de inteligencia ilegal. Eso la hace muy valiosa, porque demuestra que no está motorizada desde un sector de la política. Es una causa que investiga algo muy importante para poner luz, porque son muchos años de oscuridad: cómo los servicios de inteligencia se constituyen como una suerte de Estado paralelo, en el cual no hay ley. Y ahí somos todos víctimas.

— ¿Qué significa que haya sido apartado el juez?

— Implica que hay quienes tienen un temor fundado respecto a la parcialidad del primer juez. A mí me ha tocado recusar muchos jueces en la época del lawfare feroz de la Argentina, y el lawfare se caracteriza porque no hay espacio para recusaciones. No les hacen lugar. En este caso, se plantea que el juez puede no ser objetivo, se pide la garantía del juez imparcial, y se les otorga. No he podido estudiar en profundidad el fallo, no sé si está bien o mal fundado. Digo que una causa importante empieza a caminar por carriles que dan cuenta de que se respetan los derechos y garantías de los ciudadanos. Y eso es una diferencia concreta.

— ¿Por ejemplo?

— Lo voy a comparar con lo que me pasaba con Bonadio. ¡Tuvimos que llevar adelante la causa Memorándum con un juez que había sido apartado por encubrir AMIA! Nadie hizo lugar a mi temor muy fundado ante un señor que había tenido cinco años el expediente del encubrimiento del atentado a la AMIA, no había resuelto, había abierto un expediente paralelo, había ido a visitar al Fino Palacios, uno de los acusados del encubrimiento… Nadie nos escuchó.

— Ahora aparece la idea de detención a periodistas que no están imputados, curiosamente como una amenaza desde los mismos medios. 

–Es una forma de victimizarse. Después de lo que pasó con la causa que investigó los actos de Marcelo D’Alessio, no hay duda de que hay sectores del periodismo que recurrían a los servicios de inteligencia para obtener información. Lo quiero decir con toda claridad: el derecho a fuentes es sagrado. La libertad de expresión es sagrada en democracia. Y eso implica, entre otras cosas, la protección especial, de orden constitucional, que tienen los periodistas para resguardar sus fuentes. Por las fuentes que ha usado un periodista, no se lo puede sancionar. Pero si el periodismo entra en complicidades con los servicios ilegalmente, ya no se trata de libertad de expresión. En el caso puntual de Daniel Santoro, no se lo acusa por haber tenido de fuente a D’Alessio, sino por haber sido parte, junto con él, del operativo de ablande para que declarara un falso arrepentido. Es bien distinto.

— Tal vez sea necesario aclarar qué implica exactamente la libertad de prensa.  

–No acuso a nadie por las fuentes, se llame Luis Majul, o como se llame. Pero si en el marco de esa relación con los servicios se llevan adelante delitos, ahí sí hay responsabilidades penales. No es el caso de Luis Majul que, de momento, solo figura como alguien que buscaba información dentro de los servicios de inteligencia. A priori, hoy no parece implicado en ningún delito. A Daniel Santoro no se lo procesa por tener de fuente a D’Alessio. Los motivos del procesamiento son bien claros: haber participado de maniobras extorsivas, una destinada a conseguir un arrepentido para una causa, y la otra para presionar a una persona. La libertad de expresión no incluye el derecho a extorsionar.

Me horrorizó algo hace un año en la causa D’Alessio. El mismo día que iban dos periodistas, Romina Manguel y Alejandro Fantino, a declarar como víctimas a Dolores, ese mismo día salió una solicitada a favor de Santoro, la persona que estaba acusada de espiarlo. Y periodistas, eran todos. El periodismo tiene que hacer una reflexion sobre qué cosas va a tolerar de sus propios colegas. Hace poco se eligieron las autoridades de la asociación de periodistas, ¿y quién es el encargado del tribunal de ética periodística? ¡Daniel Santoro! Eso es un mensaje. Deberían plantearle a sus miembros cuáles son las pautas éticas para el ejercicio de la profesión. Nos hemos acostumbrado al periodismo sin fuentes o con fuentes dudosas. Eso está mal, como sociedad. Y por sobre la libertad de expresión de los periodistas, está el derecho a la información de toda la ciudadanía. No se puede violar el pacto con ese derecho. Si vas a decir algo documentalo, fundalo, no mientas, no lo digas para presionar o para operar, decilo para informar.

— Esa reflexión lleva a su primera aparición pública, en las audiencias por la ley de medios. ¿Qué quedó de todo aquello?

— Creo que el debate de la ley de medios, como discusión social y cultural, fue muy rico. Sacó un poco la máscara del «periodismo independiente», demostró que los medios tienen intereses. Dejó muchas regulaciones sumamente valiosas. Y una parte de la ley tenía un contenido anti monopólico, porque está claro que cuando hay concentración de medios, la voz es una sola. Esa parte fue derogada por Mauricio Macri, y en estos cuatro años se generó una enorme concentración, sobre todo de redes. A futuro, veo necesaria una fuerte regulacion de redes, para limitar las concentraciones de medios de distinta naturaleza, creo que es por ahí donde debería ir el esfuerzo. En tiempos de excepcionalidad de todo por esta pandemia inédita en el mundo, no es un reclamo que pueda hacerle hoy al Gobierno.

— ¿Y el Congreso, donde actualmente trabaja, cómo está atravesando esta excepcionalidad?

— La Cámara de Diputados acaba de decidir que va a continuar por treinta días con el sistema excepcional para legislar vía remota en parte y presencial también. Creo que es una torpeza, por los contagiados que ya tenemos, agradezco que en el Senado hayan sido más racionales, y por eso no tenemos contagiados.

La oposición, en la primera parte de la cuarentena, decía ¡han cerrado el Congreso! Fuimos a la Corte Suprema para que dijera si es constitucional llevar adelante sesiones virtuales. Y ahora no quieren sacar temas, salvo los que tengan consenso. No es el oficialismo el que cierra el Congreso, está claro que los que no quieren debatir son ellos. Si hay algo que no quiere el oficialismo es cerrar el Congreso, por una sencilla razón: porque es gobierno, y los gobiernos necesitan del Congreso.

— Su labor actual en el Senado parece bastante burocrática, para alguien que está acostumbrada a otros rings. ¿Cómo la lleva?

— Como directora de Asuntos Jurídicos de la presidencia del Senado, mi tarea es el control de legalidad de los actos que firma la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Desde habilitar contrataciones hasta todos los actos que requieren una opinión jurídica: controlar que se hayan cumplido los procedimientos, que estén todos los documentos en el expediente… Es bastante burocrática, sí, pero a mí me gusta. Tengo muy claro que mi tarea es cuidar la firma de Cristina y para mí es un honor. Estoy cuidando la firma de una persona a la que, además de respetar y reconocer como parte de mi dirigencia política, le tengo muchísimo cariño.

El recuerdo doloroso de Héctor Timerman

Graciana Peñafort es sanjuanina y estudió abogacía en la Universidad de Córdoba. No era lo que había elegido a los 17 años: quería estudiar Filosofía y Letras, como su padre –Eduardo Peñafort, reconocido docente y ex subsecretario de Cultura de la provincia–, o en su defecto, ser veterinaria. «La verdad, estudié abogacía porque mi papá así lo decidió. Me dijo que esas no eran carreras para mí. Ahora pienso que me conocía mejor que yo misma», repasa. «Cuando me encontré con Introducción a la Filosofía del Derecho… me enamoré. Eso es lo que me pasa con la abogacía: me enamora. Me apasiona, me toma por completo, también me hace llorar, tiene momentos horribles.

— ¿Cuáles recuerda?

— Cuando hice Derecho Penal tuve que defender a muchas personas con procesos sin garantías, vi mucha injusticia y lloré mucho. Pero lo peor que viví como abogada, como persona y como amiga, fue la defensa de Héctor Timerman. Vi un poder judicial que no respeta derechos y garantías, y que mata personas. Lo vi, estuve ahí, con Héctor enfermo… (se emociona). Cuando hizo su última declaración, casi sin poder respirar.

Fue tremendo, porque yo tomé la defensa de Héctor Timerman porque Héctor Timerman era mi amigo. Cuando me lo pidió le expliqué que tenía capacidad para hacer una defensa penal de una causa así. El me dijo: los poderes que están detrás de esta causa son tan grandes, que sólo un abogado de confianza la puede llevar. Sumé a Alejandro Rúa, la persona que más conoce la causa AMIA, a su defensa. Defenderlo a Héctor fue un enorme dolor, un enorme honor y, aún hoy, una deuda pendiente. Porque siento que merece una reivindicación. ¿Cómo van a hacerle eso a una persona? Yo viví detenciones arbitrarias, y quiero que la gente se pueda defender, siempre. No me muevo de ahí: en un país democrático, la inocencia se presume, siempre. Para que deje de presumirse, tiene que haber sentencia firme. Hasta tanto, nadie es culpable para la ley.

Fuente: Página/12, 5/7/020

Prensa Rosario

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