Aunque el juez descartó en principio una motivación política en el asesinato del ex secretario de CFK, la conducción de Juntos por el Cambio intentó usufructuar el caso. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió al cruce y cuestionó a «las autoridades políticas de la oposición que, a partir de la tergiversación y manipulación de los hechos, intentan sacar provecho en el electorado».
El ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez fue asesinado tras una violenta extorsión para sacarle dinero, en el marco de una relación que, a primera vista, ya tenía plata de por medio. Se presume que mataron a Gutiérrez porque conocía al grupito que seguramente lo abordó primero cuando estaba en su camioneta, derivó en la exigencia monetaria en la casa y, según parece, terminaron cortándole el cuello con un cuchillo porque era evidente que los iba a denunciar. «Yo no tengo el móvil político dentro de las hipótesis que estoy trabajando. Es un caso de una relación que se convirtió en una extorsión», dijo el juez Carlos Navarte. Pese a la definición del magistrado que instruye el caso, la conducción de Cambiemos no dejó pasar ni siquiera unas horas y empezó a especular con que se trató de un homicidio «de extrema gravedad institucional» para silenciar al ex secretario, quien en su momento declaró como arrepentido ante el juez Claudio Bonadio en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Desde el Gobierno, salió a responder el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: consideró «inadmisible utilizar la sensibilidad que el dolor del crimen genera para sacar ventajas políticas», advirtió que «la sola idea de que el Gobierno tiene responsabilidad en semejante suceso es definitivamente repulsiva» y cuestionó a «las autoridades políticas de la oposición que, a partir de la tergiversación y manipulación de los hechos, intentan sacar provecho en el electorado. El modo en que pretenden falsearse la realidad para lograr la confusión pública es penoso».
En verdad, Gutiérrez no fue un arrepentido relevante, no aportó grandes cosas ante la Justicia y, por el contrario, su intervención más importante significó una defensa, de hecho, de Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que terminó condenado José López por los nueve millones de dólares que tiró en el convento.
En la noche del viernes, las fuerzas policiales santacruceñas ya estaban buscando a Gutiérrez porque su familia había denunciado la desaparición. El final parecía cantado dado que en su vivienda se encontraron manchas de sangre, partes de un precinto y luego apareció la camioneta con un vidrio roto. Además, faltaba un televisor y un equipo de música de la vivienda del ex secretario. Todo indicaba que se había producido un hecho de violencia, con mal pronóstico.
En una ciudad chica como El Calafate, no les resultó difícil a los investigadores dar con los autores. Esa misma noche ya había un detenido que le contó al juez parte de los hechos y le dijo que el cuerpo de Gutiérrez estaba en la vivienda de uno de ellos, en el Barrio Aeropuerto. Lo dicho por el joven resultó cierto y el cadáver apareció enterrado, golpeado y acuchillado en la casa señalada por el detenido. En total, los apresados son cuatro, todos muy jóvenes. Facundo Zaeta, de 19 años, sería quien trabó la relación con Gutiérrez, y lo acompañaron, o en el crimen o en el encubrimiento, un hermano, Agustín, otro joven llamado Facundo «Juanca» Monzón y Pedro Gómez. En la vivienda también se encontraron el televisor robado, el equipo de música y el cuchillo que, en principio, fue el arma del asesinato.
«Trabajé muchísimo en casos como estos –le explicó el criminalista Raúl Torre a PáginaI12–. Son relaciones por dinero y a veces la urgencia por plata, vinculada a adicciones, los termina llevando a planificar la extorsión y el robo. Se aprovechan de cierta vulnerabilidad de la víctima por su condición sexual. Lo presionan y cuando se rebela se produce un episodio de violencia en el que saben que los va a denunciar. Esos casos terminan a veces con el peor final. El hecho que robaran un televisor y un equipo de sonido da cuenta del móvil económico».
En el caso no parece haber mucho misterio.
* No es que alguien contrató a una persona de afuera de El Calafate para lograr impunidad.
* No se usó un arma de fuego, que exhibiría algo más planificado y que asegure el resultado de muerte.
* Robaron un televisor y un equipo de música, lo que muestra el móvil de conseguir plata.
* Existe un vínculo entre ese joven de 19 años y Gutiérrez de 46. Nada tiene que ver con un killer o con un asesino contratado.
* Zaeta viene con historia de consumo de drogas y alcohol, con una detención en Río Gallegos, en octubre pasado, cuando transportaba 48 dosis de LSD.
En la noche del viernes, el joven que aceptó declarar fue el principal implicado, Facundo Zaeta, y ya reveló gran parte de la historia de la extorsión y el robo. El juez entonces se dirigió a la vivienda y con mucha facilidad encontró el cuerpo. Los jóvenes habían subido el cadáver en la camioneta de Gutiérrez y lo transportaron a la casa del Barrio Aeropuerto. Nada hubo de «profesional» en el asesinato: todo improvisado y dejando pruebas y rastros a cada paso.
El juez Navarte se disponía a tomar las tres indagatorias que faltan y que, se supone, confirmarán la extorsión, el robo y el asesinato, porque es evidente que tres de los cuatro jóvenes no van a querer hacerse cargo del homicidio. Es un delito gravísimo porque se trata de un homicidio agravado, que se cometió para ocultar el robo, lo que significará condena casi segura a prisión perpetua. Al mismo tiempo se practica la autopsia y la pericia sobre el arma, la ropa y los celulares de los homicidas, mientras que los imputados ya fueron revisados y se detectaron hinchazón en las manos –producto de los golpes que pegaron– rasguños y otros rastros que dejó la lucha de Gutiérrez por salvar su vida.
El apuro de Juntos por el Cambio
La conducción de Juntos por el Cambio buscó rápidamente usar en forma política el crimen. Hubo un comunicado institucional firmado por Patricia Bullrich y Federico Angelini (PRO), Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (UCR), y Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic (CC), donde plantearon que se trata de un crimen «de extrema gravedad institucional» y pidieron que se apartara del caso la fiscal Natalia Mercado, la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de la vicepresidenta. Luego varios dirigentes se despacharon en forma individual: «Esto es gravísimo. G-R-A-V-I-S-I-M-O», disparó Laura Alonso, por ejemplo. No faltaron los que quisieron asimilar el caso a la muerte de Alberto Nisman, en el cual, durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, no pudieron encontrar ni una prueba de que el fiscal fuera asesinado o que alguien hubiera entrado en su departamento. También hubo voces opositoras que acusaron al Gobierno por no haber protegido a Gutiérrez. En rigor, como informó el Ministerio de Justicia, Gutiérrez «nunca fue parte del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la cartera» ya que «ni él, ni ninguna autoridad judicial requirieron su protección». Pero, además, el papel de Gutiérrez como arrepentido no tuvo significación.
En la noche del sábado, el jefe de Gabinete respondió a los planteos opositores. «En política no vale todo porque no hay fin que justifique los medios –advirtió Santiago Cafiero–. Partiendo de esa convicción, el gobierno nacional ha conocido con mucho pesar el comunicado que los presidentes de los partidos que componen Cambiemos han firmado ante la infausta noticia que dió cuenta del homicidio del que fuera víctima Fabián Gutiérrez. La sola idea de que el Gobierno tiene responsabilidad en semejante suceso, es definitivamente repulsiva, máxime si se tiene presente que tamaña infamia se pretende instalar en un marco social signado por la angustia de la pandemia». Agregó que «el compromiso del gobierno nacional con el Estado de Derecho es absoluto. La necesidad de que en el país impere un sistema republicano con independencia judicial y sin interferencias de los poderes fácticos es un imperativo insoslayable».
Cafiero le recordó a Cambiemos que «en estos días en que en los tribunales nacionales se ventilan presuntos mecanismos que vincularían a servicios de inteligencia, periodistas y magistrados en la promoción de falsas acusaciones penales, la responsabilidad política debería multiplicarse. Estamos convencidos que el imperio de la Justicia debe reponerse en Argentina de una vez y para siempre. Ello se logra exigiendo a los magistrados y tribunales actuantes la máxima diligencia y el mayor rigor técnico judicial. La unidad nos ha permitido afrontar de mejor modo el tiempo más difícil que debimos vivir. Que la sensatez no se pierda y que los que cavan las grietas que nos dividen revisen sus procederes y se llamen a la reflexión».
Fuente: Página/12, 5/7/020
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