BlackRock, eje decisivo de la negociación
El Gobierno seguirá insistiendo en su estrategia de dividir a los grandes grupos de bonistas, hasta ahora sin éxito, para lograr una aceptación razonable en el canje que lanzará la semana próxima con una oferta a 53 dólares.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que esperan una entrada a último momento de Pimco, que se mantuvo al margen hasta ahora, para poder arrastrar a muchos “indecisos” a la propuesta que se extendería hasta fin de mes.
“Acá la clave es Pimco, por volumen. Sin acepta, se rompe la cohesión del resto porque ellos tienen 1760 millones de dólares que pueden sumar un volumen importante”, expresó la fuente, confiada en que habrá una adhesión importante, pese al escepticismo del mercado.
De hecho, el Ministerio de Economía estuvo cortejando a Pimco con un menú a la carta, al prepararle bonos en dólares para poder salir de los títulos en pesos que tienen, a contramano del discurso pesificador oficial.
Esta decisión quirúrgica y polémica, junto con algunas conversaciones de los últimos días, animan el espíritu oficial respecto de este fondo liderado por Bill Gross.
Más allá de estas gestiones, por ahora no se prevé ningún otro trabajo individual, sobre todo luego de que los comités Ad Hoc de BlackRock y los Exchange Bondholders de Monarch se prometieron mutua fidelidad el jueves a la noche, aunque tengan diferencias internas. Por acá, afirmaron, no van a romper la cohesión de un bloque que tiene casi un tercio de la deuda que el Gobierno pretende reestructurar.
Si hicieran el canje solo con el comité ACC, afirman en otro grupo, apenas lograrían un 30 por ciento de adhesión. Y el Ad Hoc o los Exchange podrían empezar a moverse en agosto en el terreno judicial o de la aceleración de la deuda.
En el Gobierno afirman lo contrario. “Más allá de la pelea de liderazgos, van a terminar entrando y veremos quién arrastra a quién”.
El mayor riesgo, admitieron las fuentes, es con el grupo de los Exchange Bondholders, que tienen los bonos de los canjes 2005 y 2010 y son representados legalmente por el abogado Dennis Hranitzky, ex patrocinante de Paul Singer y autor de la estrategia de indagar en el patrimonio de funcionarios argentinos en el exterior, antes del 2015 y ahora.
En cambio, creen que BlackRock, el fondo de inversión más grande Wall Street, terminará aceptando, aunque sea a regañadientes.
Al respecto, aseguran que el dueño de la firma, Larry Fink, muestra una postura más lógica que los gerentes que negocian en su nombre y que “solo quieren cobrar su bono a fin de año”, aunque en realidad el CEO no se mete en la negociación.
Por lo tanto, la única posibilidad cierta en el cierre de la semana es que entren los principales fondos del comité de Fintech, Hans Humes y Greylock. A ellos se podrían sumar algunos individuos que no ingresaron en la primera vuelta y algunos clientes institucionales de la banca privada institucional.
Frente a este panorama, el Gobierno afirma que no se moverá de 53 dólares, aunque a 55 posiblemente podría captar bastantes más adhesiones. En el medio, con 54, está el grupo de Fintech. “Entre 54 y 43 no hay diferencia; se arregla con el pago de la comisión de consentimiento”, dijo una fuente del grupo.
“Dientes apretados, paciencia y determinación. Hay una mirada amigable al mercado, pero sin perder de vista que nosotros defendemos la plata de los argentinos”, afirmó, contundente, la fuente oficial.
Dividir para no defaultear
En este sentido, el estudio EcoGo indicó en un informe que “la estrategia del gobierno apunta a romper hacia adentro el bloque de los grupos de acreedores y arrastrar al resto de tenedores (incluyendo al segmento minorista) para aumentar masa crítica y acercarse a las CACs, en el marco de una negociación donde el Gobierno mejoró el NPV promedio de la propuesta desde la zona de 41 a 53 dólares cada 100 nocionales”.
“A pesar de las distancias que hay con la estructura financiera de un potencial endulzante que funcione como un vehículo financiero que permita mejorar el valor de recupero de la propuesta inicial, todavía seguiría siendo un aspecto de negociación con el grupo de los Exchange Bonds”, indicó.
Con respecto al grupo Ad Hoc, “con fuerte posición en globales cortos, la principal distancia en términos de NPV se encuentra en el bono más corto de la propuesta, con un gobierno que hasta ahora incluyó un bono a 2030 mientras que los acreedores estarían negociando un bono a 2027″.
Frente a este contexto, “seguimos sosteniendo que nuestro escenario base con respecto a la negociación de la deuda, apunta a un canje con un grado de aceptación en torno al 45% en el segmento de la legislación internacional, con expectativa de ir mejorando dicho grado de adhesión para acercarse al umbral de las CACs en los bonos globales (65% para el total / 50% para cada serie), aunque con mayores dificultades para alcanzar el 85% requerido para gatillar las CACs de los bonos Exchange”.
Un trabajo de Eco Go comparó las propuestas de los bonistas y del Gobierno
“A esto habría que sumarle la puesta en marcha por decreto del canje para el segmento de bonos en dólares legislación local (en torno a USD 20.000 millones con el sector privado), que suponemos debería tener el mismo tratamiento aplicado para los tenedores de bonos en dólares legislación internacional, sobre todo después del arreglo con los tenedores off shore de deuda en pesos (PIMCO), a quienes a partir de agosto se les permitirá suscribir, con sus tenencias de letras/bonos en pesos, bonos en dólares con idénticas características a los bonos en dólares entregados en el segmento del canje legislación local”, aclaró.
Para aumentar la adhesión al canje luego de la primera vuelta y minimizar la masa crítica de holdouts con riesgo de aceleración y acciones judiciales, señaló el estudio de Marina Dal Poggetto, consideró “condición necesaria que el Gobierno dé una señal de consistencia fiscal y monetaria para la pos cuarentena, en el marco de un nuevo acuerdo con el FMI que permita extender los vencimientos que se concentran a partir de 2021/2023 con dicho organismo multilateral”.
Esta negociación, afirman en el Gobierno, comenzará cuando se cierre la negociación con los bonistas, con pocos o muchos adentro.
Al respecto, un informe del banco Itaú sostuvo que “un acuerdo para salir del incumplimiento falló, aunque las negociaciones continúan. El Gobierno extendió (por quinta vez) su fecha límite autoimpuesta a registre su oferta de reestructuración de deuda en la SEC al 24 de julio. Mientras que las diferencias en los términos financieros parecían tener obstáculos legales reducidos relacionados con el uso de colectivos han surgido cláusulas de acción (CAC)”.
“Las posibilidades de una reestructuración de la deuda incompleta, holdouts y eventualmente los litigios han aumentado, en nuestra opinión, que puede nublar aún más las perspectivas a medio plazo para economía”, aclararon los analistas del banco de Brasil.
Fuente: Infobae, 4/7/020
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