Tras una jornada dominada por las decisiones y presentaciones en el juzgado civil y comercial de Reconquista, que tiene a cargo el concurso preventivo de Vicentin SAIC, fue el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien desde la quinta Ppresidencial de Olivos le dio un vuelco a la estrategia oficial, descartando la alternativa de la expropiación. “Le hemos pedido al juez (Fabián Lorenzini) que resuelva una intervención judicial de la empresa, para que en el marco del concurso, esto es dejando de lado el proyecto de expropiación, se haga cargo de la administración y el diálogo con toda la masa concursal para alcanzar un acuerdo que permita el rescate de la empresa”. El mandatario santafesino aseguró que cuenta con el respaldo del presidente de la Nación. “Es clave el apoyo y el acompañamiento de la Nación, que queremos y creemos que debe darnos”, subrayó. Por su parte, el presidente Alberto Fernández le dijo a la periodista Cynthia García: “No hay marcha atrás, el Estado se va a hacer cargo de la empresa por la herramienta posible, sea por intervención vía judicial o por la expropiación”. Además, aseguró que “los Vicentin se van a ir de la empresa”.
El juez Lorenzini había resuelto, en horas del mediodía, reponer al frente de la conducción de Vicentin al Directorio encabezado por Sergio Nardelli, al mismo tiempo que la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia se disponía a presentar el pedido de intervención judicial al que aludió Perotti. Ya sin la vía de la expropiación, el objetivo sería avanzar hacia un acuerdo para que una empresa “nacional mixta” sea la que pase a manejar la empresa, con participación de productores y cooperativas. Desde el gobierno de Santa Fe aseguran que el juez habilitará ese mecanismo. Este es quien tiene ahora la palabra.
En fuentes del gobierno nacional se señalaba anoche que “el objetivo sigue siendo el mismo, el rescate de Vicentin y su conversión en una empresa estatal mixta, lo que cambia es el instrumento”. Pero antes de empezar a ver las chances de llegar a ese destino por este otro camino, conviene repasar los acontecimientos de un viernes agitado.
El juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin, Fabian Lorenzini, había dispuesto restablecer en sus cargos al Directorio de la empresa, el mismo que fue desplazado diez días atrás al ser nombrada una intervención federal por decreto presidencial. A su vez, en la misma resolución estableció que la actual intervención, que encabeza Gabriel Delgado, “podrá continuar desarrollando su tarea” dentro de la planta, “con el grado de veedores controladores”. Así, volvía a colocar a Nardelli, Alberto Macúa, Máximo y Cristian Padoán y a varios integrantes de la familia Vicentin al frente de la empresa homónima, pero dejando a los interventores dentro de la planta, degradados a veedores.
Este fallo se dictó en respuesta a la demanda por inconstitucionalidad contra el decreto de necesidad y urgencia que presentó el Directorio de Vicentin, respecto de lo cual el juez se declaró “incompetente” para resolver, pero reinterpretó el sentido del reclamo. La convirtió en una acción “autosatisfactiva”, en virtud de la cual resuelve que “lo más adecuado” para preservar el patrimonio y la continuidad operativa de Vicentin, es que el Directorio vuelva a ocupar sus puestos.
Sorpresa
Cuando la IGPJ de Santa Fe llegaba a los tribunales de Reconquista para presentar el escrito pidiendo la intervención judicial de Vicentin, se encontró con el fallo de Lorenzini que reinstalaba al anterior directorio. Tras una consulta con Perotti, quien había resuelto hacer esa presentación tras conversarlo con Alberto Fernández, las autoridades del organismo supervisor de sociedades comerciales provinciales decidieron hacer la presentación. Pocos minutos despúes, acompañaron una segunda presentación en donde le solicitan al juez revisar la restitución de los cargos a los dueños de la empresa, ya que “podría implicar ocultamiento de la prueba de las causas penales o que se encuentran en curso”.
El escrito con el pedido de intervención judicial presentado por la titular de la IGPJ de Santa Fe, María Victoria Stratta, se fundamenta en “las irregularidades de tipo penal que surgen del manejo de la empresa”. Por ello, solicita que se designen a Gabriel Delgado, Alejandro Bento y a Luciano Zarich en el nuevo organismo interventor. El primero y el último son los actuales interventores nombrados por el gobierno nacional. Bento, un ingeniero de Santo Tomé, sería el representante de la provincia.
La viabilidad de que por este camino se llegue a la conformación de una empresa nacional mixta, como postulan desde el gobierno nacional, aunque Perotti no lo explicitó de ese modo, depende en primer lugar de que el juez Lorenzini habilite la intervención judicial, para lo cual debería desdecirse de todo lo expresado en el fallo de ayer. Allegados al gobierno nacional señalan que Perotti le habría asegurado a Fernández que el respaldo del magistrado está asegurado.
Lo que expresó ayer el gobernador es que una nueva intervención “en el marco del concurso, descartada la expropiación”, generaría un golpe de confianza de productores y cooperativas que habilitaría una solución acordada. Esto es, el rescate de la empresa con respaldo oficial, participación de cooperativas y productores, algunas con capacidad económica propia y otros con apoyo crediticio para que todos aportasen a capitalizar la futura empresa.
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