El 10 de septiembre de 1930 los miembros de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces-doctores Figueroa Alcorta, Repetto, Guido Lavalle, Sagarna, Rodríguez Larreta y Jiménez Videla (secretario)-, firmaron la acordada sobre el reconocimiento del Gobierno Provisional de la Nación. Días antes había sido derrocado el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, asumiendo como presidente de facto el general fascista José Félix Uriburu. A partir de ese texto la Corte Suprema se transformó en un apéndice del Ejecutivo de turno, con lo cual dejó de ser el máximo tribunal de garantías constitucionales. A partir de entonces, salvo honrosas excepciones, las sucesivas Cortes que supimos conseguir no hicieron más que responder a los intereses del mandamás de turno-civil o militar-, contradiciendo el espíritu y la letra de la Constitución Nacional. Por eso es buen recordar qué dijeron aquellos supremos en un momento tan delicado.
“(…) Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder” (…) “Que tales antecedentes caracterizan, sin duda, un gobierno de hecho en cuanto a su constitución, y de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran actualmente o que se designen en lo sucesivo con todas las consecuencias de la doctrina de los gobiernos de facto respecto a la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él” (…) “Que esta Corte ha declarado, respecto de los funcionarios de hecho, “que la doctrina constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados, ya que no les será posible a éstos últimos realizar investigaciones ni discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se hallan en aparente posesión de sus poderes y funciones” (…) “Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social” (…) “Que ello no obstante, si normalizada la situación en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la Administración de Justicia encargada de hacer cumplir ésta las restablecería en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho” (…) “En mérito de estas consideraciones, el Tribunal resolvió acusar recibo al gobierno provisional, en el día de la comunicación de referencia mediante el envío de la nota acordada, ordenando se publicase y registrase en el libro correspondiente, firmando por ante mí que doy fe”.
A partir de entonces la Corte Suprema dejó de ser independiente. Le dijo “adiós” a Montesquieu. Fue justista, peronista, antiperonista, nuevamente peronista y videlista. Con Raúl Alfonsín en el poder recuperó gran parte de su prestigio pero con el ingreso a la Rosada de Carlos Saúl Menem volvió a ser la de siempre. Menem necesitaba imperiosamente contar con una Corte adicta para que convalidara el proceso de privatizaciones que tenía en mente. Fue por ello que impuso a cinco amigos suyos en el máximo tribunal cuyo número se elevó, en consecuencia, a nueve miembros. A partir de entonces y hasta el advenimiento del kichnerismo la Corte estuvo en manos de la tristemente célebre mayoría automática. Una de las primeras decisiones que tomó Néstor Kirchner fue deshacerse de esa mayoría. Fue memorable su discurso por cadena nacional exigiendo la renuncia del doctor Nazareno, presidente supremo e íntimo amigo de Menem. En poco tiempo los supremos menemistas abandonaron el barco y con nuevas reglas, los cargos supremos fueron cubiertos por juristas de gran prestigio académico, como Carmen Argibay, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti. Durante la década K la Corte funcionó con independencia, a tal punto que en reiteradas oportunidades varios de sus miembros tomaron decisiones contrarias al gobierno nacional. El caso del doctor Carlos Fayt es, quizá, el más paradigmático.
Cuando asume Mauricio Macri había dos vacantes en la Corte, una por el fallecimiento de la doctora Argibay y otra por la renuncia del doctor Zaffaroni. Rápido de reflejos, el flamante presidente hizo entrar por la ventana a dos prestigiosos juristas, los doctores Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. De esa forma la Corte quedó compuesta por su antiguo presidente, Lorenzetti, ahora acompañado por los doctores Maqueda, Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti. Todo parece indicar que el doctor Lorenzetti, además de ser un catedrático reconocido, es un hombre político, es decir, un hombre con fuertes deseos de llegar incluso a la presidencia de la nación. Mucho se habló de las ambiciones políticas del doctor Lorenzetti pero si ello fue realmente así, debe haber molestado sobremanera a Mauricio Macri. Mientras tanto, Elisa Carrió continuó hostigando al supremo mediante denuncias penales de todo calibre. “Lilita” le declaró la guerra hace casi una década y en los últimos tiempos lo acusó de ser, lisa y llanamente, un delincuente. También se habló bastante últimamente del fuerte respaldo que Lorenzetti le brindó a Claudio Bonadio en su cruzada anticristinista. Para colmo, habría mantenido una reunión “secreta” con el propio Bonadio y Miguel Ángel Pichetto. Según el periodista de C5N Gustavo Sylvestre, el presidente sintió que el tándem Lorenzetti-Bonadio podía llegar a transformarse en una amenaza futura y actuó en consecuencia. Según Sylvestre Macri y Carrió habrían actuado de común acuerdo para forzar a Lorenzetti a dejar de seguir siendo el presidente supremo, lo que finalmente se produjo el martes 11 de septiembre cuando, tras varias horas de “conversaciones” entre los supremos, Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti le negaron su apoyo votando a Rosenkrantz en su reemplazo.
Lo que acaba de producirse en la Corte fue nada más y nada menos que un golpe palaciego que seguramente tomó por sorpresa a Lorenzetti. El supremo, que durante más de una década mostró poseer una fina cintura política, fue obligado a beber de su propia medicina. Macri y Carrió le demostraron que no tenía todo el poder, como él lo suponía. Con el arribo a la presidencia de Rosenkrantz la Corte Suprema se acerca peligrosamente al presidente de la Nación. El flamante presidente supremo es un jurista ligado al mundo de las corporaciones, es un emblema del establishment y, fundamentalmente, no constituye, al menos por ahora, un peligro político para el presidente. Los claros ganadores de esta batalla son el presidente, Carrió y, fundamentalmente, el Grupo Clarín, que cada día extiende más sus tentáculos. Además de dominar el mundo de las comunicaciones, maneja al presidente y la Corte está a cargo de uno de los suyos. ¡Qué más puede pedir! Hoy el Grupo Clarín es la corporación más poderosa de la Argentina y quien aspire a ser presidente después de Macri deberá contar, sí o sí, con su venia.
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