Justo en su peor momento el Gobierno se vio beneficiado por la aparición de fotocopias de unos cuadernos supuestamente redactados por un chofer de apellido Centeno, que trabajó para el señor Baratta, número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación. El contenido es altamente explosivo ya que alude a supuestas coimas que los empresarios interesados en la obra pública debieron pagar a funcionarios de ese ministerio para resultar favorecidos. El tema lejos está de ser una novedad. No sólo aquí sino en varios países de la región la adjudicación de la obra pública siempre estuvo-y sigue estando-salpicada por la corrupción.
El problema del escándalo de los cuadernos “Gloria” es que los originales jamás aparecerán ya que el propio Centeno confesó que los había incinerado. Queda como prueba “irrefutable” del escándalo unas fotocopias que permiten observar una clara caligrafía, ausente de errores ortográficos y de sintaxis. Llama poderosamente la atención porque su autor sería Centeno, un ex suboficial del Ejército que no se caracteriza, como la mayoría de los miembros de dicha fuerza, por su elevada educación. Lo lógico hubiera sido que la justicia hubiese obligado a Centeno a redactar un párrafo y luego compararlo con las fotocopias. Ahí se hubiera demostrado si el ex suboficial fue realmente el autor de esas notas. De haberse confirmado su autoría no hubiera habido nada que objetar, pero como jamás se confirmará semejante dato, desde el inicio el escándalo de los cuadernos “Gloria” está teñido por la sospecha.
El juez Claudio Bonadio se valió de estas fotocopias para iniciar una verdadera cacería humana que involucró a un buen número de empresarios, algunos de ellos muy importantes como el primo de Macri, Angelo Calcaterra. Lo notable del caso fue que muchos de ellos recuperaron la libertad (salvo el propio Calcaterra quien luego de declarar se fue tranquilo a su casa) tras reconocer la existencia de las coimas. Mágicamente se transformaron en “arrepentidos” que confesaron haber sentido presiones terribles que los obligaron a efectuar los pagos correspondientes. Cuesta creer que durante una década hayan soportado semejantes aprietes. Lo más probable es que los mismos hayan provenido ahora de la “justicia” para obligarlos a declarar en contra del kirchnerismo.
El escándalo de los cuadernos “Gloria” logró su objetivo: desviar la atención de la opinión pública, atormentada por la durísima situación económica por la que está atravesando el país. Para ello ejercen un rol fundamental los grandes medios de comunicación. Desde que estalló el escándalo Clarín y la Nación están dedicando un buen número de sus páginas al “análisis” de este affaire, mientras que algunos de los canales de cable más poderosos-TN y América-están todos los días machacando con este tema. Lo terrible del caso es que estos medios están actuando como jueces de la nación. Y, a tenor de lo que escriben y dicen, ya tienen su veredicto: Cristina debe ir presa.
Estamos en presencia de una gigantesca operación política que persigue no el esclarecimiento de la corrupción en la adjudicación de la obra pública, sino la proscripción de la única dirigente capaz de doblegar al gobierno en las próximas elecciones a presidente. El establishment se ha juramentado impedir a como de lugar el retorno del kirchnerismo al poder, y para ello no titubea en emplear cualquier método para lograrlo, aunque ello signifique el fin del estado de derecho.
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