“El 80 % de los represores pueden quedar libres”

El fallo de la Corte Suprema avalando el cómputo del dos por uno en un caso de delito de lesa de humanidad caló hondo en organizaciones de derechos humanos y fiscales que llevan en la actualidad las causas locales. Señalan que permitirá a muchos detenidos pedir la libertad condicional y afectar a los testigos que aún deben declarar. También destacaron que tendrá un efecto igualador en las jurisdicciones frenando los avances en los juicios ya aletargados por la falta de predisposición del gobierno de Cambiemos.

El fiscal de la Unidad de Lesa Humanidad de Rosario, Adolfo Villate dialogó con El Ciudadano y adelantó: “Calculamos que un 80 por ciento de los imputados van a quedar en libertad. Es algo inesperado”. Según la Procuraduría General de la Nación de los 2.780 imputados en Argentina por crímenes de lesa humanidad un 38 por ciento (1.044) están detenidos, es decir, que pueden estar sujetos más tarde o más temprano a ser beneficiados por el fallo de la Corte. Siempre según las estadísticas brindadas por el organismo, otro 41 por ciento (1.149) está libre, un 19 por ciento (542) están muertos y el restante dos por ciento (45) están prófugos.

Para Villate el fallo es un retroceso en la posibilidad de las víctimas de poder declarar con libertad y seguridad. “Históricamente les cuesta declarar por el temor que produce sólo recordar. Imaginen cuando sepan que las personas que les hicieron lo que les hicieron estén libres. Es la revictimización”, opinó el fiscal, quien lleva adelante la causa Guerrieri, por estos días a las puertas de una sentencia y dentro de poco la de Feced en su tercera instancia. Sobre la primera causa y la hipotética repercusión del fallo si es que llega a la Corte Suprema, Villate fue cauto: “La mayoría de los procesados enfrenta condenas a perpetua y están en prisión preventiva. Analizaremos cada caso”, explicó el fiscal. Las causas de lesa humanidad en Rosario y gran parte del país cobraron fuerza después del 2005 cuando se declara inconstitucional las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

“Repudiamos estas medidas que generan mas impunidad. Continuaremos día a día peleando hasta que el ultimo cuerpo aparezca, el ultimo nieto sea recuperado y el ultimo genocida quede preso”, dijo Norma Ríos de la Asamblea Permanente de por los Derechos Humanos.

Federico Reynares Solari, otro de los fiscales, explicó a este medio: “Si habilitas la ley se acortan los plazos para pedir la libertad condicional”. Reynares apuntó, tal como publicó El Ciudadano, lo que otros funcionarios y organismos de derechos humanos, señalaban antes de conocido el fallo: “Se suma a una demora de los juicios”.

Juane Basso, de Hijos, indicó que el fallo es un eslabón más en la gestión de memoria, verdad y justicia del gobierno nacional. “Es una definición política. Es un retroceso agitado por grandes corporaciones (judicial, económica y mediática)”. Para Basso la decisión no unánime es parte de un ataque sostenido a los espacios de juicio y castigo.

FUENTE: EL CIUDADANO

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