“Confío que mis pares acepten dar tratamiento a un proyecto que presentamos en julio de 2016 sobre la limitación y regulación de las salidas transitorias de detenidos” afirmó el justicialista Luis Rubeo. Dijo que el proyecto busca resolver dos aspectos “por un lado un porcentaje importante de presos no regresan a la cárcel luego de su primera salida y después son recapturados por la comisión de otro delito. A veces es un robo, pero muchas veces es un delito más grave, como un asesinato o una violación. Por otro lado, proponemos mejorar el control para que los presos que tengan prisión domiciliaria efectivamente la cumplan”.
El proyecto propone crear un organismo multidisciplinario que asesore, controle y genere información verdadera para que jueces y fiscales puedan tomar decisiones con información real. Actualmente el juez debe permitir las salidas simplemente con un informe de una comisión dependiente del Servicio Penitenciario.
“Además planteamos la creación de una unidad policial de soporte judicial para colaborar con los respectivos equipos de trabajo, cuyos miembros sólo podrán estar un año, de manera de evitar la posibilidad de que se corrompan. Y para darle mayor institucionalidad planteamos la creación de una Comisión bicameral de asesoramiento y control con responsabilidad política, para los supuestos de detenciones domiciliarias y salidas transitorias”, recordó.
El reciente caso de Micaela García reactivó la discusión en el Congreso de la Nación y los senadores nacionales aprobaron la modificación de la ley de ejecución de las penas privativas de la libertad, acotando las salidas transitorias de las cárceles para los condenados por delitos graves.
Recordó Rubeo que “en Santa Fe el propio gobierno reveló un dato perturbador: 250 presos que fueron beneficiados con salidas transitorias nunca volvieron al penal. De ese número, 204 se fugaron en 2016 y, en lo que va de 2017, la policía ya les perdió el rastro a 46”.
Para Rubeo “cuando hablamos de legislar sobre estos temas, el gran desafío democrático es hacerlo de manera tal de garantizarles seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos, sin violar ni menoscabar derechos personales que llevaron siglos consagrar y plasmar en lo más alto de la pirámide jurídica.”.
FUENTE: EL LITORAL
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