El gobierno reaccionó con dureza al operativo judicial contra Máximo

Acusó al juez Bonadío de acordar la medida con Mauricio Macri. “Faltó que vayan con los globos del PRO”, atacó Aníbal Fernández. El magistrado ordenó una serie de procedimientos en las empresas del hijo de la presidenta en el marco de la causa Hotesur

Un operativo judicial se realizó ayer en oficinas de las empresas que administran los hoteles de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Hotesur, ante lo cual el gobierno denunció que el procedimiento, en Río Gallegos, fue una maniobra política del juez federal Claudio Bonadío y el PRO de Mauricio Macri.

“Van a (Río Gallegos) a allanar con la Policía Metropolitana que conduce (Mauricio) Macri. ¿No tiene (Bonadío) más gestos políticos para hacer? Faltaba que el juez fuera con los globos del PRO”, ironizó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

El operativo fue para recabar información de movimientos de dinero, cuentas y depósitos, entre otras operaciones, en numerosas compañías, para cotejar con los de empresas sospechadas de, por ejemplo, lavado de dinero y que salpican a la familia presidencial.

Fernández sostuvo que la diligencia en la inmobiliaria del sur en la que tiene sus oficinas Máximo Kirchner, hijo de la presidenta, “es un espanto” porque se lleva a cabo “justo días antes de una elección”. A su criterio, el procedimiento persigue “tratar de ver si le sacan algún tipo de ventaja a este tipo de situaciones”.

Fernández reaccionó así ante la noticia de que Bonadío, que interviene en la causa, ordenó estas diligencias.

Según se supo en Río Gallegos, donde la presidenta estaba para festejar el cumpleaños de su nieto (el hijo de Máximo), oficiales de Justicia aparecieron ayer a la mañana con una orden de presentación en las oficinas de la empresa Idea SA y Valle Mitre, que administran los hoteles de la mandataria y funcionan en la inmobiliaria “Sancho, Sanfelice y Asociados” de esa ciudad.

En esa inmobiliaria trabaja Máximo, propietario junto a su hermana Florencia del 49 por ciento de Hotesur SA.

Según se indicó, Bonadío intentará dilucidar en la investigación una presunta maniobra de lavado de dinero que involucraría también al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Por ello se decidió requerir información a las empresas constructoras ligadas a Báez como Austral Construcciones, Loscalzo y Delcurto y Kank y Costilla, entre otras. Y además se pidió material a los bancos HSBC, Nación y Santa Cruz, así como a las empresas hoteleras Hotel Alto Calafate, Hostería Las Dunas, La Aldea y Los Sauces.

Técnicamente el trámite se llama “órdenes de presentación”. Tras el cotejo de esta información, si se descubre que hubo ocultamiento de datos o reticencia a entregarlos podrían ordenarse los allanamientos propiamente dichos.

Hotesur es la empresa que administra los hoteles que la familia presidencial tiene en el sur del país y Bonadío investiga si la compañía cometió irregularidades en la presentación de sus balances y lavado de dinero en el alquiler de las habitaciones a compañías de Báez.

En octubre pasado Bonadío allanó la sede jurídica de Hotesur en Buenos Aires, que estaba vacía, y le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) documentación sobre los balances de la empresa y declaraciones juradas.

Scioli: “Llama la atención que se haga a días de los comicios”. El gobernador bonaerense y precandidato presidencial por el kirchnerismo, Daniel Scioli, advirtió ayer que “llama poderosamente la atención” el operativo dispuesto por el juez federal Claudio Bonadío en las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos.

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