“Nuestra iniciativa se basa con contar con una nueva policía, que esté al mando del intendente y cerca, bajo la mirada y la exigencia permanente de los vecinos, con control social y conducción política”, dijo
“Nuestra iniciativa se basa con contar con una nueva policía, que esté al mando del intendente y cerca, bajo la mirada y la exigencia permanente de los vecinos, con control social y conducción política”, dijo Fernando Rosúa, precandidato a intendente por el Frente Justicialista, al presentar ayer al candidato a gobernador, Omar Perotti, el mapa de las 100 comisarías que proponen para Rosario, junto con 30 fiscalías barriales.
“Todos hablan de la necesidad de combatir el delito pero son escasas las propuestas concretas y realizables. El socialismo dice que está haciendo las cosas bien y va a seguir en el mismo camino, pero los hechos cotidianos muestran que hay que cambiar. Y después están los que impulsan importar modelos de lugares que no tienen nada que ver con la realidad de nuestra ciudad”, describió Rosúa, quien se entrevistó con Perotti acompañado por los precandidatos a concejal Eduardo Toniolli y Roberto Montero, y el precandidato a senador Cristian Recchio.
“Nosotros creemos que lo primero es poner la policía bajo la conducción y el control de la gente a través de más comisarías con jurisdicciones más pequeñas, dándole a potestad al intendente, que es el representantes más directo de los ciudadanos, de nombrar y remover los comisarios; y sumando las 30 fiscalías barriales con efectivos de la Policía Judicial sólo abocados, también de modo más eficaz, manejando y cotejando información de cada zona, a investigar y recolectar pruebas para garantizar la desarticulación de los grupos delictivos y obtener efectivas sanciones”, explicó.
“Esta es una necesidad que nos marca una dolorosa situación de emergencia como la que vive Rosario, con su índice de homicidios mucho mayor que la media nacional”, dijo también Rosúa.
Por su parte, Toniolli remarcó que “se trata de recuperar los espacios públicos para la vida comunitaria, de ofrecer a los pibes horizontes distintos al del delito y la muerte violenta, con más protección de su derecho a una vida digna y menos estigmatización y violencia institucional. Hay que respaldar a las organizaciones sociales y a quienes trabajan en la prevención de adicciones”.
FUENTE: LA CAPITAL
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