Por El Pingüino
Nunca un presidente se había atrevido a tanto. Este fin de semana Cristina dio a conocer una larga reflexión sobre el 18F donde prácticamente le declaró la guerra a la corporación judicial.
La carta presidencial comienza con un pormenorizado análisis de la marcha del silencio. Cristina reconoce la relevancia de la misma como así también su legitimidad. Quedó demostrado una vez más, expresó, que en la Argentina reina la más absoluta libertad de movilización y de expresión. Cualquiera, sentenció, puede insultar al gobierno y a la presidenta sin ningún tipo de inconveniente. Dedicó algunos párrafos a la cantidad de asistentes para concluir que no hubo 400 mil personas como informaron los medios anti K. ¿Por qué la presidenta ocupó tanto espacio de su reflexión a remarcar lo que considera es una flagrante mentira de los medios? Porque desde su punto de vista lo que sucedió el miércoles 18F fue el nacimiento del “Partido Judicial” y por eso era fundamental instalar la idea de la masividad e inmortalizar el número 400 mil. Para la Presidenta el Partido Judicial vino a sustituir al Partido militar como actor fundamental de los golpes de Estado. Acusación gravísima, por cierto. Antes, recordó, los golpes de Estado eran protagonizados por las Fuerzas Armadas apoyadas por el poder económico concentrado y por gruesos sectores de la civilidad. Ahora, los golpes de Estado se han sofisticado. Ahora, los protagonistas son jueces y fiscales federales que, apoyados por el poder económico concentrado y el poder mediático concentrado, conspiran contra el gobierno elegido democráticamente a través de cautelares que impiden que entren en vigor leyes fundamentales aprobadas por el Parlamento. Tal el caso, emblemático por cierto, de la Ley de Medios. Durante buena parte de su reflexión la presidenta rememoró casos resonantes en los cuales la Justicia no hizo nada por esclarecerlos. Tal el caso de la denuncia de Hernán Arbizu, ex ejecutivo del J.P.Morgan que reconoció públicamente que lavaba dinero proveniente, entre otros, del Grupo Clarín. Cristina defendió a rajatabla a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, duramente enfrentada con los fiscales federales que organizaron el 18F. Acusó a la corporación judicial de ser un Poder que pretende situarse por encima del Poder Ejecutivo y el Legislativo, una especie de súper poder que enerva el mecanismo de los otros poderes. ¡Cómo puede ser, acusó, que el fiscal Nissan haya considerado que el congreso cometió un delito cuando aprobó el Memorándum de Entendimiento con Irán! Algo verdaderamente insólito, inédito en la historia constitucional argentina. La presidenta no dudó en acusar a la corporación judicial de atentar contra el funcionamiento de los otros poderes del Estado con el apoyo expreso del poder económico concentrado y el poder mediático concentrado, con el evidente propósito de crear un clima de destitución política. ¡Qué fácil es ser juez en la Argentina, remató: no pagan impuestos a las ganancias, son prácticamente inamovibles y hay algunos que imparten justicia cuando están por cumplir cien años!, en obvia alusión a Carlos Fayt, juez de la Corte.
La reacción de la presidenta de la nación fue la esperada. La marcha del silencio fue para Cristina un verdadero desafío político y reaccionó en consecuencia. Una vez más, dobló la apuesta, en lo que es un clásico del estilo de ejercer el poder de parte de la primera mandataria. La reacción de la oposición no se hizo esperar. Elisa Carrió, por ejemplo, la acusó de pretender ejecutar, junto con el general Milani, un “autogolpe”, mientras que la diputada macrista Laura Alonso se mostró partidaria, luego de la marcha del 18F, de iniciarle un juicio político. Cristina, evidentemente, acusó el golpe. Sintió que la estaban acorralando y reaccionó con fiereza. Está muy preocupada por algunas causas judiciales que rozan directamente a su familia y considera que el objetivo último es destruirla políticamente.
Indudablemente que la muerte política de Nisman golpeó duramente al gobierno nacional. La masividad del 18F y la inmediata embestida de la Justicia (confirmación del procesamiento de Boudou y del juez Bonadío en la causa Hotesur) han creado un ambiente político extremadamente tenso. La incertidumbre y el desasosiego se han apoderado de la sociedad y los políticos, al menos a nivel nacional, están bailando al compás de la causa Nisman. Ya no queda duda alguna que esta muerte politica será uno de los caballitos de batalla de la oposición y, fundamentalmente, del poder mediático concentrado. De ahí lo vital que resulta para el gobierno nacional la pronta dilucidación del caso Nisman, algo que, lamentablemente, no sucederá. Cada día que pasa más se embarra la cancha. Resulta por demás evidente que hay sectores que lo están haciendo de manera intencional para evitar que el hecho se esclarezca lo antes posible. Una vez más, la historia parece repetirse. Sonados casos de “muertes dudosas” acaecidos en los últimos tiempos tuvieron como destino final la impunidad. ¿Tendrá el mismo destino el caso Nisman?
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