UNA BRECHA QUE SE PROFUNDIZA

Por El Pingüino

La brecha entre el gobierno nacional y el Poder Judicial se profundiza a pasos agigantados. El punto de inflexión en la relación entre ambos poderes se dio con la aprobación por amplia mayoría parlamentaria de la ley de Medios a fines de 2009.

En junio el gobierno nacional había hecho una pobre elección de medio término y sin embargo tuvo la energía y la convicción suficientes para imponer su voluntad en el Congreso acerca de una cuestión fundamental: la democratización de la palabra, la vigencia del pluralismo informativo. La corporación mediática que más sintió el cimbronazo de la votación fue el grupo Clarín, el multimedios más poderoso de la Argentina y uno de los más influyentes de Latinoamérica. No tardó mucho tiempo en defender sus intereses. Para ello contó con un aliado de fuste: la Justicia. A través de las cautelares, la Justicia protegió los intereses del multimedios impidiendo de hecho la aplicación de la ley de Medios. Fue así como quedó configurado un hecho inédito en la historia argentina: las cautelares le permitieron a un duro grupo de presión zafar de cumplir con una norma que había sido aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. Ni siquiera la histórica reelección de Cristina en 2011 modificó el cuadro de situación. El aluvión de votos que obtuvo la presidenta no constituyó una fuerza suficiente que le permitiera torcerle el brazo al Grupo Clarín.

Quedó plenamente en evidencia que, al menos en la Argentina, la alianza entre el Poder Judicial y el poder económico concentrado es más poderoso que el voto popular. Lo lamentable de esta situación fue la actitud adoptada por la oposición política, cuyos máximos referentes, por obvias razones electorales, se pusieron del lado del Grupo Clarín. Fue así como durante los años comprendidos entre la aprobación de la ley de medios y la marcha de los fiscales federales convocada para el próximo 18 de febrero, el Poder Judicial o, para ser más precisos, el sector del Poder Judicial enfrentado al gobierno nacional, la lucha se tornó más y más encarnizada.

La lucha con Clarín por la ley de Medios parece inclinarse a favor de éste último debido a la decisión de un juez de imponer una nueva cautelar que prohíbe al Afsca adecuar de oficio a Clarín en función de lo estipulado por la ley de Medios. Lo impresionante del caso es que finalmente la Corte Suprema había determinado la constitucionalidad de la norma. Pues bien, ni la decisión del máximo tribunal de garantías constitucionales en este caso logró impedir que el Poder Judicial continuara protegiendo los intereses del multimedios. Este enfrentamiento lo indujo al gobierno nacional a bendecir la aparición de la agrupación judicial “Justicia Legítima”, apadrinada por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que enarbolando la bandera de la democratización de la Justicia legitimó su embestida contra el sector tradicional o conservador de la Justicia. Este sector vio en la agrupación “Justicia Legítima” un peligro para el sistema de dominación que venía articulando desde hace décadas. Ello explica los ataques que Clarín, La Nación y compañía comenzaron a descerrajar sobre Gils Carbó y, por elevación, sobre la presidenta de la nación.

El gobierno nacional había pateado un duro avispero y las represalias no tardaron en llegar. Gils Carbó se transformó en el blanco predilecto de los jueces y fiscales federales del sector conservador del Poder Judicial, de los referentes de la oposición y de los mastines del periodismo anti K. Cada decisión que adoptaba la Procuradora General era ametrallada sin piedad por el sector conservador de la Justicia que no trepidaba en acusarla de pretender avasallar la independencia del Poder Judicial, pilar fundamental de la democracia liberal. El conflicto fue creciendo en intensidad hasta que alcanzó su clímax en enero, cuando entró en escena un fiscal perteneciente al sector conservador de la Justicia, Alberto Nisman. El fiscal especial del caso AMIA, designado para investigar el atentado por el entonces presidente Néstor Kirchner, hizo pública la denuncia que la opinión pública conoce de memoria. Lo peor sucedió días más tarde cuando, horas antes de acudir al Congreso para ampliar su denuncia, fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. A partir de entonces, la brecha entre el sector conservador del Poder Judicial y Justicia Legítima se ahondó peligrosamente. Una vez más, los fiscales y jueces federales conservadores arremetieron contra Gils Carbó, a la que acusaron de haber dejado librado a su suerte al malogrado fiscal.

En las exequias de Nisman el auto que transportaba a la Procuradora General fue duramente atacado por quienes allí se encontraban, mientras el flamante embajador norteamericano, Noah Mamet, era vitoreado. La muerte política de Nisman no hizo más que endurecer la postura del sector conservador del Poder Judicial, fundamentalmente la de los fiscales federales, fuertemente conmocionados por lo de Nisman. En este contexto se da la marcha del próximo 18 de febrero, al cumplirse el primer mes de la trágica desaparición del fiscal. Sus referentes, los fiscales Marijuán, Moldes, Sáenz, Stornelli y Campagnoli, están fuertemente enfrentados con Gils Carbó y, por elevación, con la presidenta. En consecuencia, la marcha del 18F es política ya que se hace para manifestar la oposición del sector tradicional de la Justicia al gobierno nacional. Miente descaradamente Marijuán al decir que es una marcha apartidaria y que no es contra nadie: muy por el contrario, es bien partidaria y se hace contra la presidenta de la nación. En definitiva, la del jueves 18 de febrero será una nueva marcha cacerolera, esta vez sin cacerolas.

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