Por El Pingüino.
Cuando diciembre había pasado sin sobresaltos para el gobierno nacional, la denuncia del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, le cayó como una bomba atómica. Jamás en la historia argentina un fiscal federal había denunciado directamente a un presidente de haber encubierto a los acusados de haber cometido un atentado atroz.
El oficialismo acusó el impacto y anunció, por intermedio de la vehemente Diana Conti, que asistiría a la reunión con Nisman en el Congreso con los tapones de punta para demostrar las inconsistencias de la histórica denuncia. Cuando el gobierno nacional no se había repuesto del golpe que significó la denuncia de Nisman, el lunes 20 a la madrugada recibió otro aún más fuerte. El fiscal especial del caso AMIA había aparecido muerto en su departamento porteño en el baño, en medio de un charco de sangre. El gobierno nacional no lograba salir de su estupor, al igual que la sociedad. El recuerdo de los años de violencia política se hizo presente y millones de argentinos comenzaron a imaginar un retorno a los setenta.
Lamentablemente, hubo quienes trataron de aprovechar (y lo siguen haciendo) la tragedia para llevar agua hacia su molino. Deleznable, realmente. Inmediatamente se lanzaron al ruedo tres hipótesis: la del suicidio, la del suicidio inducido y la del homicidio. Hasta ahora, la fiscal que interviene en la causa, Viviana Fein, se ha referido a una “muerte dudosa” aunque se inclina por la hipótesis del suicidio (la que sería, obviamente, la mejor para ella). Hasta ahora, la muerte de Nisman se halla envuelta en un cono de sombras. Hay muchos interrogantes sin respuesta, demasiadas dudas, muchas especulaciones. Hay custodios que se contradicen, un periodista que viajó a Israel por razones de seguridad, un supuesto miembro de inteligencia que le habría entregado a Nisman el revólver que supuestamente utilizó para quitarse la vida y medios de comunicación que tratan de manipular vilmente la sensiblería del pueblo.
La reacción de la presidenta de la nación no se hizo esperar. Se comunicó con la sociedad a través de dos largas cartas y utilizando la cadena nacional el lunes pasado. Si bien en la primera carta esbozó la hipótesis del suicidio, en la segunda reconoció su convencimiento de que se estaba en presencia de un asesinato, con lo cual por tratarse del fiscal especial del caso AMIA habría que hablar de crimen político o de atentado político. En la segunda carta, abona la hipótesis de que Nisman fue asesinado por quienes pretenden pulverizarla políticamente y que el verdadero atentado se produjo en el momento en que a Nisman lo ejecutaron.
Pero el verdadero contraataque de la presidenta de la nación se produjo el lunes pasado cuando, por cadena nacional, hizo un anuncio rimbombante: anunció la disolución de la ex Side mediante una ley que establece la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Sus puntos más salientes son: a) “los objetivos de la agencia serán la investigación sobre hechos de seguridad nacional y sus habitantes para la prevención de amenazas internacionales como terrorismo, ciberdelitos, narcotráfico, tráfico de armas y delitos financieros”; b) “constará de un director general y de un subdirector, que serán designados por el Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado; c) “estos dos funcionarios serán la única vía de acceso a la Agencia Federal de Inteligencia”; d) “la ley fijará un marco para que lleven sus actividades y que deberán adecuarse a la Constitución Nacional y a toda ley de Derechos Humanos; e) “se crean bancos de protección de datos y archivos. Dicha información va a ser confidencial, secreta, reservada o pública, según las distintas categorías”; f) “se contemplarán penalidades de 3 a 10 años-es decir que no serán penas excarcelables-a todo el que intercepte conversaciones telefónicas o de cualquier otro tipo, g) “también serán penados los funcionarios que tomen contacto con los servicios de inteligencia por fuera de las dos autoridades de la Agencia”; h) “se establece las transferencias a la Procuración del Sistema de Observaciones Judiciales (comúnmente conocida como “ojota”), es decir, del sistema de escuchas, “porque es el único sistema extrapoder”; k) “se establece un plazo no prorrogable que no podrá ser mayor a 90 días para entrar en vigencia” (fuente: INFOnews del 26-01-15). La reacción de la oposición fue previsible. Se encolumnó detrás de la negativa absoluta aduciendo razones eminentemente políticas y electoralistas. Mientras tanto, la presidenta de la nación recuperó la iniciativa política a través de una drástica decisión que tocó los intereses de un sector del poder hasta ahora intocable: los servicios de Inteligencia.
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